Guerrero recurre su ingreso en prisión porque mantiene que es "inocente"
El ex director general de Trabajo de la Junta defiende desde la cárcel que no tiene intención de fugarse ni de entorpecer la investigación y aclara que no ha recibido "presiones de ningún tipo" para que se marche
La defensa del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que está en prisión preventiva desde el pasado sábado tras declarar ante la juez Mercedes Alaya por el escándalo de los ERE fraudulentos, anunció ayer que pedirá en los próximos días su puesta en libertad porque el ex alto cargo sigue manteniendo su inocencia y no hay riesgo de fuga por su excarcelación.
El abogado Fernando de Pablo, que representa a Francisco Javier Guerrero, se entrevistó precisamente ayer con el ex director de Trabajo en la cárcel de Sevilla-I. "Estaba bien, dentro de lo que cabe, decepcionado y extrañado. Es él quién me ha estado dando ánimos a mí", afirmó el abogado.
Francisco Javier Guerrero, según su letrado, "no entiende para nada" la decisión de la juez de enviarle a prisión provisional porque, a su juicio, no concurren ninguno de los elementos que planteó la Fiscalía Anticorrupción y luego asumió la instructora respecto al riesgo de fuga, al posible entorpecimiento de la investigación o a la influencia sobre otros testigos o imputados. Frente a estos argumentos, Guerrero defiende que lleva "más de un año", desde que comenzó esta investigación, sin haberse dado a la fuga y "no tiene intención de irse cuando ha estado todo este tiempo aquí".
El abogado insistió en que Guerrero cree que "puede demostrar su inocencia" y recordó que se ha mostrado colaborador en todo momento con la investigación, al haber acudido en dos ocasiones a declarar ante la Policía Judicial, otras dos ante la Guardia Civil, y las seis ocasiones -tres sesiones de mañana y las mismas de tarde- ante la propia instructora, antes de que ésta acordase su ingreso en prisión, en la madrugada del pasado 10 de marzo.
El ex alto cargo descartó que el hecho que permaneciera en libertad pudiera llevarle a intentar influir a las próximas personas en comparecer en el juzgado, y también rechazó la hipótesis que maneja la juez Alaya -plasmada en el auto de prisión- de que haya recibido "presiones externas" para darse a la fuga, por la relevancia de su testimonio en esta causa, al poder perjudicar a otras personas y por la importancia de los conocimiento que ha podido adquirir de ciertos hechos que no haya desvelado aún. "Francisco Javier Guerrero no ha recibido presión de ningún tipo y nadie se ha puesto en contacto con él para que se marche, la única presión que ha recibido es de la prensa que le ha llamado" para preguntarle por el asunto, advirtió ayer De Pablo.
El letrado subrayó que el ex alto cargo, que la semana pasada estuvo tres días declarando en el juzgado y cuyas manifestaciones se plasmaron en un acta de 246 folios, ha dejado en sus manos la decisión de recurrir el auto de prisión de la juez Alaya. El abogado anunció que presentará esta misma semana un recurso de reforma ante la magistrada pidiendo la libertad, aunque el recurso se planteará de forma subsidiaria ante la Audiencia de Sevilla, ya que el letrado "no sabe hasta qué punto puede cambiar de opinión la magistrada" cuando han transcurrido sólo unos días desde que adoptó su decisión. "Tengo que recurrir porque no estoy de acuerdo", concluyó el defensor.
Mientras el abogado prepara su recurso, la juez Alaya aún no se ha pronunciado sobre la fianza de responsabilidad civil que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera a Francisco Javier Guerrero por un importe de 933 millones de euros para hacer frente a las 887 ayudas públicas concedidas en sus nueve años al frente de la dirección general de Trabajo y que, según la instructora, se adoptaron de forma "injusta y arbitraria", permitiendo el "enriquecimiento de unos pocos" y la concentración de un importante número de ayudas directas a empresas del ámbito del PSOE andaluz.
La instructora tampoco se ha pronunciado aún sobre varios escritos de la Fiscalía Anticorrupción en los que le instaban a practicar una serie de diligencias, la imposición de fianzas a las empresas que recibieron subvenciones bajo sospecha y la ampliación del calendario de declaraciones hasta los 55 imputados que hay actualmente en la causa.
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