Guerrero cree que fue "presa fácil" para que otras personas salvasen su honorabilidad

El ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado por los ERE fraudulentos, dijo en su declaración ante la juez que se siente una "presa fácil" y que creía que los "intrusos" que autorizó, entre ellos su suegra, tenían derecho a recibir las ayudas. En el texto de su declaración, Guerrero explica que su suegra era una ex trabajadora y por ello le concedió una ayuda sociolaboral, sin consultarlo a sus superiores dados los vínculos familiares, porque "no se cuestionó la ilegalidad de la ayuda, pues cumplía los mismos requisitos que otros trabajadores".

Sobre otros intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como el presidente de Aglomerados Morell, que fue incluido en una póliza a los 69 años pese a estar jubilado desde el año 2000, Guerrero declaró que "se conservaba bien" y no aparentaba esa edad.

El ex director general informó a la juez Mercedes Alaya que su sueldo era "de unos cuatro mil y pico" euros al mes, pero además cargaba a la Junta los gastos de comidas, hoteles y desplazamientos y tenía a su disposición un piso en la zona de Viapol de Sevilla por el que la Administración pagaba una renta de 1.100 ó 1.200 euros.

Guerrero declaró que "aunque ha sido afiliado al PSOE, es una persona normal, que nunca ha pertenecido al aparato del partido" y por eso cuando se descubrió la "discrecionalidad que ha tenido la Junta para conceder las ayudas", en un sistema que a él "le impusieron", se convirtió en una "presa fácil para que otras personas salven su honorabilidad".

Relató que nada más tomar posesión, en 1999, se estaban pagando ayudas a Cárnicas Molina de Jaén y ya la Intervención Delegada de la Junta puso "reparos" por la "excepcionalidad de las ayudas". Entonces fue cuando se diseñó el sistema de pagos que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla, porque "en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor, Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva", por lo que el entonces consejero José Antonio Viera y el viceconsejero Antonio Fernández "le transmiten que había que dotarse de un sistema operativo con los propios medios de la Consejería de Empleo" con el objetivo de mantener la paz social.

Sobre la destrucción de expedientes tras saltar el caso de los ERE falsos, Guerrero afirmó que "no dice que se hayan destruido, sino que no están" pese a que en su tiempo estaban completos, y precisó que los amigos que le quedan en la Junta le han informado de que "más de una persona" ha podido participar en la operación para hacerlos desaparecer.

También negó haber actuado en secreto pues "informaba de todas las ayudas, directas y sociolaborales" al Consejo de Dirección de la Consejería, donde "eran una información general los datos esenciales, las empresas, los importes de las ayudas, el colectivo de trabajadores, el nombre de esas personas, el tipo de ayuda y las cuantías, y nunca le pusieron reparos".

Aunque los únicos que le podían imponer la concesión de ayudas eran el consejero y viceconsejero, había otros que "le daban la lata", añadió.

Guerrero reconoció que una de sus secretarias "le pidió ayuda para una empresa de su suegro", pero "le dieron una cita como a cualquier otro" y explicó que a J.G.M., vecino de El Pedroso (Sevilla) -su localidad natal- le concedió en 2003 una ayuda de 90.151 euros porque le presentó un plan para un bar y no porque hubiese sido empleado de su padre y le conociese desde pequeño.

La juez Alaya reprochó en su interrogatorio que el sindicalista Juan Lanzas estuviese "colocando a toda su familia", pues su esposa, suegra y cuñada recibieron ayudas, lo que el ex director dijo desconocer, y la magistrada comentó irónicamente a Guerrero en una de sus preguntas si actuó "con fines caritativos con cargo a los fondos públicos".

También calificó como "una barbaridad" la afirmación de Guerrero de que "como eran ayudas discrecionales y que no tenían publicidad, lo lógico es que se enteraran personas de su entorno, personas del entorno de la Consejería de Empleo, de la Junta o de los sindicatos".

A la pregunta de por qué solo se concedieron ayudas a Ayuntamientos gobernados por el PSOE, la mayoría entre finales del 2003 y abril de 2004, el imputado respondió que "porque alguien les contaría que podían ayudarlos", ya que él se las habría dado a otros que no fueran socialistas, de haberlas pedido.