Guerrero no es Robin Hood

GUERRERO no es Robin Hood. Eso es lo que parece apuntar la juez Mercedes Alaya en el auto de prisión dictado en la madrugada de ayer, en el que reprocha al ex director general de Trabajo y Seguridad Social que permitiera el "enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza". Guerrero consintió "de forma injusta y arbitraria, en total connivencia con otros", la concentración de un importante número de ayudas directas a empresas de personas del "ámbito del PSOE andaluz", y cita como ejemplo el caso de las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, a las que se concedieron más de 50 millones de euros en un "enorme agravio comparativo, pues en el resto de Andalucía las ayudas a empresas" fueron de 24 millones, menos de la mitad.

Alaya considera que Guerrero concedió en sus nueve años al frente de la dirección general de Trabajo un total de 887 ayudas públicas, de las cuales 617 eran ayudas sociolaborales y las 270 restantes directas a empresas, mediante las que se repartieron una cifra de 933 millones de euros, según la fianza de responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y sobre la que Alaya se pronunciará en los próximos días.

El Gobierno andaluz se apresuró ayer mismo a puntualizar que de esas 887 ayudas, "las que se hicieron de manera fraudulenta no están cuantificadas". Fuentes del Ejecutivo destacaron que, en su auto, la juez señala que Guerrero "pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno, "al de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía", siendo estas últimas las que "no están cuantificadas y tendrían relevancia penal". Y es que, en cuanto a las deficiencias administrativas a las que hace mención la juez en el primero de los fundamentos jurídicos, tras lo que cifra en 887 el cómputo de ayudas que concedió Guerrero, "no tienen relevancia como para encarcelar a nadie", subrayó la Junta.

Guerrero otorgó todas esas ayudas mediante el convenio marco de colaboración entre la Consejería de Empleo y el IFA de 17 de julio de 2001, por el que el segundo materializaba el pago de estas ayudas mediante las denominadas transferencias de financiación de la partida presupuestaria 31L, a la que el ex alto cargo calificó en su día como "fondo de reptiles". Esas ayudas se concedieron a pesar de que, según la juez, Guerrero conocía su "absoluta falta de competencia" porque incumplía "flagrantemente" el artículo 38 de la ley general de la Hacienda Pública andaluza y se otorgaron "con total ausencia de procedimiento" -el adecuado era el de la subvención excepcional, precisa la instructora- porque la finalidad que "perseguía" el convenio y Guerrero "asumía" era la de "obviar los férreos controles de la Intervención de la Junta".

El auto, que tiene una extensión de 38 folios, dibuja un auténtico sistema marcado por la discrecionalidad y la arbitrariedad, y añade que tanto Guerrero como "sus superiores" conocían que la subvención excepcional exigía un control en la solicitud y la concesión correspondía al consejero, previa aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el BOJA si la ayuda superaba los tres millones de euros.

Guerrero concedió "en connivencia con otros, de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas a su entorno, al entorno de altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE, partido que gobernaba [durante el ejercicio de su cargo] y gobierna en dicha comunidad autónoma". La magistrada concluye que el ex alto cargo omitió "clamorosamente y de manera continuada" el procedimiento legalmente aplicable, lo que derivó en una "distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo, para favorecer a estas personas o entidades".

Alaya advierte que además Guerrero incumplió también el convenio marco con el IFA, puesto que en la "gran mayoría de las ayudas no ha existido la menor solicitud", lo que llevó a que la juez y el fiscal le preguntaran por qué "regaló dinero público" sin tener siquiera una petición.

Con su sistema, la juez cree que el ex director general de Trabajo permitió la concentración de ayudas en empresas de la Sierra Norte de Sevilla, sobre todo al grupo empresarial de José Enrique Rosendo y José María Sayago, el primero hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla); a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Antonio Rodríguez de la Borbolla; y a las sociedades vinculadas a la familia Llano en la localidad sevillana de Guadalcanal.

La juez también le atribuye la inclusión en los ERE de los denominados intrusos, una incorporación que promovió "abusando de su cargo y con la finalidad de beneficiar injustamente a determinadas personas próximas a él o a otros cargos de la Junta".