Guerrero dice que Chaves, Viera y Mar Moreno conocían la discrecionalidad de las ayudas
'caso ere'
La juez Alaya ha vuelto a preguntarle por una expresión que dijo en la sesión de este jueves en la que aseguraba que estaban "disparándole a él para salvar la honorabilidad de otros".
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ha dicho este viernes a la juez Alaya que tanto el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, y la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, tenían conocimiento de la discrecionalidad con la que se concedían las ayudas públicas. "Estoy convencido de que estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabaja" en la Consejería de Empleo y la dirección general de Trabajo, ha advertido.
El ex alto cargo ha hecho estas manifestaciones al retomar el interrogatorio la mañana de este viernes, en un momento en el que la juez volvió a preguntarle por la expresión que dijo el día anterior, cuando Guerrero indicó que estaban "disparándole a él para salvar la honorabilidad de otros".
La instructora le ha pedido a Guerrero que ponga nombre y apellidos a esas otras personas, momento en que el ex director de Trabajo se ha referido a José Antonio Viera, porque según Guerrero va diciendo de él "que es un indeseable", a Manuel Chaves, que dice "que no me conoce de nada", y a Mar Moreno, "que me pone a caer de un burro cada vez que puede", ha dicho Guerrero, que ha explicado que esto le "escandaliza".
Guerrero ha afirmado que no entiende que estas personas puedan decir que durante los tres gobiernos en los que estuvo como director general de Trabajo no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la dirección general de Trabajo. "Estoy convencido de que estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba", ha insistido el principal imputado, que también ha calificado de "desafortunadas" las manifestaciones del presidente de la Diputación de Sevilla, que le llamó "chorizo, putero y drogadicto", expresiones por las que se ha querellado y Guerrero espera que Villalobos rectifique.
Guerrero se ha quejado ante la juez de que a todos los imputados de la Administración se les otorgue por parte de la Junta la presunción de inocencia y, en su caso sea lo contrario, se le atribuya la "presunción de culpabilidad", y esa queja se eleva aún más porque se les está pagando su defensa, cuando por ejemplo él mismo y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, no han pagado aún a sus letrados porque no tienen dinero.
Guerrero ha insistido, como hizo el jueves, en la implicación en la concesión de las ayudas de los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, y sobre este último ha añadido que siguió pagando las ayudas comprometidas por Viera al grupo empresarial de José Enrique Rosendo en la Sierra Norte de Sevilla pese a la salida de Viera de la Consejería. Antonio Fernández "respetó el planing de Viera porque había que completarlo", ha precisado.
Francisco Javier Guerrero se ha referido en su declaración al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que también está imputado en la cuasa de los ERE fraudulentos, y ha dicho sobre el mismo que fue él quien pagó los honorarios de un despacho de abogados con fondos públicos por su asesoramiento en el ERE de la empresa Acyco de Dos Hermanas. Guerrero ha dicho que él no recuerda que se negociara el pago de estos honorarios con una póliza, que cuando se lo plantearon él dijo simplemente "lo veremos" y fue en la etapa de Daniel Alberto Rivera cuando se ha abonado.
En relación con la inclusión de dos intrusos en el ERE de Acyco, Guerrero ha explicado que no tenía conocimiento de este hecho y cuando la instructora le ha preguntado que cómo era posible que la empresa y el bufete que intervino sí lo detectaran y él no, Guerrero ha reconocido de manera espontánea que "no se leía los papeles".
El ex director de Trabajo ha comentado que no tiene lógica, a su juicio, que la ex presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto Monge, también imputada, se incluyera en la póliza del ERE y después siguiera vinculada a la empresa, aunque él no tenía conocimiento de estos extremos.
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