Guerra abierta entre las universidades andaluzas por el recorte de los 135 millones

Máxima tensión e indignación generalizada por el polémico recorte de 135 millones que la Junta de Andalucía ha decidido aplicar a las diez universidades públicas. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha mantenido esta tarde una reunión por videoconferencia con todos los rectores para intentar consensuar cómo se efectuará el ajuste y ha terminado peor que empezó: sin acuerdo y con pocas expectativas de que pueda haberlo dentro de una semana cuando vuelvan a negociar.

La situación y necesidades de cada universidad es muy diferente y la propuesta de recorte que ha planteado el Gobierno andaluz como la más "justa" y "proporcional" no ha logrado el consenso de los máximos responsables de las instituciones académicas. Según fuentes de Consejería de Hacienda, el planteamiento ha sido proponer un reparto de los 135 millones teniendo en cuenta el remanente con que cada universidad cuenta en estos momentos y su capacidad real de inversión y gasto en función de los proyectos pendientes. Unas "prioridades" que sólo han sido presentadas por la Universidad de Granada siguiendo la petición que previamente habían realizado desde la Junta; el resto de instituciones ni siquiera han facilitado esta hoja de ruta de gastos e inversiones.

El planteamiento del reparto del ajuste de los 135 millones se ha realizado según la propuesta que, en paralelo al recorte presupuestario, se acordó en el polémico Consejo de Gobierno de la semana pasada: Hacienda autoriza a las universidades a utilizar sus remanentes para gastos corrientes, aprueba un nuevo pago de la deuda que el Ejecutivo andaluz mantiene con los rectores desde 2015 (en total 126,9 millones) y se facilita una partida de inversión de 125 millones de euros.

A partir de aquí, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad entiende que "lo más aceptable" sería consensuar un "reparto proporcional" e intentar que sea los propios rectores los que lleguen a un acuerdo (tanto de los 135 millones del recorte como de los 125 de la línea de inversión) para evitar que al final sea una imposición por parte de la Junta. Un objetivo que ha resultado totalmente imposible este jueves y que se atisba como bastante improbable dada la complicada situación financiera con que ya parten las universidades y las históricas peticiones de mayor compromiso de inversión y apoyo que vienen realizando en los últimos años. El clima, según han confirmado tanto desde la Consejería como desde algunas de las Universidades participantes, ha sido muy tenso y con un actitud muy beligerante por parte de los rectores.

Se garantiza la "sostenibilidad"

Desde la Junta, al margen de la insistencia por defender que "no se trata de un recorte" sino de un "ajuste" en tanto que se abren líneas paralelas de financiación, lo que garantizan públicamente es que en ningún momento se pondrá en riesgo su "sostenibilidad" (tanto este curso como el próximo) y que está garantizado el funcionamiento. Que no se trata de ningún ataque a las universidades públicas.

Desde el lado de los rectores, la opción de los remanentes no se ve como una solución en tanto que supone una limitación en la capacidad de desarrollo de las propias universidades (en el caso de Granada por ejemplo se utiliza para costes estructurales y no quedaría nada para inversión porque hay un suelo de remanentes) y, en la práctica, es un recorte que terminará ahogando sus posibilidades de crecimiento y su competitividad justo en momento en que las privadas aprietan y el escenario global es cada vez más exigente.

Fondo de emergencia por el Covid-19

La Junta ha planteado el recorte de los 135 millones dentro del programa para atender la crisis social y económica derivada del Covid-19, una partida que representa casi el 10% de los más de 1.400 millones que recibieron las universidades este año de los presupuestos autonómicos. Este recorte, que afecta a la partida de gastos corrientes donde están incluidas las nóminas, sería su aportación al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el Covid-19 que la Junta de Andalucía acordó crear en el Consejo de Gobierno del 18 de mayo por un valor total de 700 millones de euros.

La opción de tocar los remanentes no afectados (importe no ejecutado de un presupuesto ordinario anterior) supondría tocar los ahorros de las universidades entrando en un déficit controlado. Si en 2019, el Gobierno andaluz permitió usar 40 millones de euros para gastos corrientes, en esta ocasión, se autoriza a las universidades a coger de sus ahorros 135 millones de euros.