La Guardia Civil detiene a Luisa Ruiz por irregularidades en subvenciones
Operación Rocket
El Instituto Armado arresta a tres personas e imputa a otras diez en cuatro provincias por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y falsedad en documento público.
En una operación que sorprendió por igual a vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo, trabajadores del Consistorio peñarriblense y partidos políticos, la Guardia Civil detuvo ayer a la exalcaldesa de la localidad y actual portavoz del grupo municipal socialista, Luisa Ruiz, en una operación que intenta aclarar supuestas irregularidades en subvenciones destinadas al desarrollo económico de la localidad del Alto Guadiato. La operación, denominada Rocket, se desarrolló de forma simultánea en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León -lugares donde se gestaron en alguna medida los proyectos frustrados del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril- y culminó con la detención de tres personas. Aparte de la propia exalcaldesa, otros dos individuos, cuya identidad no trascendió, fueron arrestados en Barcelona vinculados con los citados proyectos.
En el marco de la misma operació y por los mismos hechos, han resultado imputadas otras diez personas -siete en Córdoba- por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Entre los imputados en Peñarroya-Pueblonuevo hay varios técnicos municipales, mientras que otros técnicos han sido llamados a declarar como testigos hoy. Según informó el Ministerio del Interior, la operación es fruto de una investigación desarrollada a raíz de una denuncia del actual gobierno municipal de Peñarroya, del PP, para "esclarecer el destino final de subvenciones europeas, nacionales y atuonómicas, otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón, así como irregularidades que también afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las distintas actuaciones subvencionadas".
La propia regidora peñarriblense, María Gil (PP), desveló ayer que el caso se precipitó por la reclamación del pago de una serie de facturas al Consistorio. El actual equipo de gobierno procedió a revisar la documentación existente en los archivos municipales y, al detectar presuntas irregularidades, decidió poner el caso en manos de la Guardia Civil. La denuncia se interpuso en el mes de octubre del año pasado, pero hasta ayer no estalló ante la opinión pública. El caso, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, se precipitó en el municipio guadiateño con la llegada de agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, apoyados por unidades del cuerpo de las zonas de actuación.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, señaló que la operación Rocket continúa "abierta" y confió en que "siga su cauce". "Se ha producido una denuncia y de acuerdo con las instrucciones recibidas por el juez la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa, lo que está haciendo es investigar". Y confió en que la investigación "siga su cauce y que el juez determine en cada momento, dependiendo de los informes que puede aportar la UCO, lo que en cada momento corresponda".
A las 08:30, los uniformados llegaron a las dependencias del Ayuntamiento, en la calle de la Constitución. Mientras una pareja de guardias custodiaba los accesos al inmueble, otros procedieron al registro. La propia alcaldesa informó en una comparecencia en la sede provincial del PP, en Córdoba capital, que los investigadores cotejaron datos aportados por el actual gobierno municipal en su denuncia con los existentes en el Consistorio. La Guardia Civil se hizo con numerosa documentación.
Hubo otros tres registros más en Peñarroya, que ayer vio perturbada la tranquilidad de un martes cualquiera por el vaivén de los coches policiales. El segundo registro tuvo lugar en la sede de la empresa municipal Promociones Industriales y otros dos se centraron en dependencias particulares, entre ellas la de Ruiz. Mientras su casa permanecía custodiada por un furgón policial, los agentes procedieron a la inspección, con Ruiz ya detenida. Al término, fue trasladada hasta las dependencias del acuartelamiento de La Victoria, en Córdoba capital, a la espera de pasar a disposición del juez instructor. En Lérida, se efectuó otro registro, dos en Valencia -con un imputado- y otro en León -con un imputado-. En Barcelona, por último, hubo tres registros, un imputado y los dos detenidos ya citados. Según Interior, las pesquisas de ayer se centraron sobre "diversas sedes de empresas vinculadas con los hechos y domicilios particulares de los implicadas".
Si bien la denuncia inicial apuntaba a la existencia de "irregularidades" en relación a la gestión de las subvenciones otorgadas para los proyectos de instalación del denominado Tren Turístico El Guadiato y del Museo del Ferrocarril, la Guardia Civil confirmó que "ha extendido la investigación a otras ayudas de las que habría sido beneficiario el Ayuntamiento peñarriblense entre los años 2007 y 2011, con Ruiz en la Alcaldía. Gil, que en los últimos meses ha tenido sonoros desencuentros con Ruiz, insistió ayer en que cuando ganó las elecciones se encontró con una situación de "total y absoluto quebranto" en las arcas municipales.
A mediados de 2008, se presentó el proyecto del tren turístico del Guadiato, una iniciativa que se esperaba entrase en funcionamiento en 2011. La alcaldesa concretó que las supuestas irregularidades se detectaron en una subvención de 1,8 millones de euros de los fondos Miner para el tren y en otra de 500.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para el Museo del Ferrocarril.
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