Mentiras, insinuaciones y falsedades: ABC, como siempre

En los últimos días Grupo Joly, editor de este periódico, ha sido objeto de una serie de ataques cargados de falsedades, insidias y tergiversaciones por parte de un competidor, el diario ABC, con el objetivo de dañar nuestra reputación y desprestigiarnos ante nuestros lectores, anunciantes y la sociedad en general.

Para ello, no ha dudado en manipular y sacar de contexto documentación de hace muchos años y, sobre todo, la declaración que prestó el martes como testigo en el juicio de los ERE un antiguo funcionario de la Consejería de Empleo, que recibió en su momento el mandato de revisar la documentación relativa a las ayudas públicas que recibieron ex trabajadores de González Byass, de la Faja Pirítica de Huelva, de Fertiberia y del Grupo Joly, los cuales finalizaron su relación con sus respectivas empresas mediante expedientes de regulación de empleo.

Este antiguo funcionario, dedicado hoy a tareas políticas en el Ayuntamiento de Sevilla, ni tan siquiera insinuó las afirmaciones que ABC le atribuyó en sus titulares, en una muestra de falta de rigor profesional que debería alarmar a sus lectores y, como mínimo, sonrojar a sus instigadores, promotores y firmantes.

De hecho, el testigo habla de forma genérica de los cuatro expedientes que revisó en calidad de secretario y ni siquiera nombra a Grupo Joly. La única pregunta que se le formula en relación con los ex trabajadores de Grupo Joly y la respuesta que ofrece son las siguientes:

"-Respecto a la Asociación de la Prensa de Cádiz, hacen constar que no pudieron comprobar el requisito de mayor de 52 años. ¿No constaban datos de estos señores?

-No, no teníamos acceso a la vida laboral, teníamos pantallazos virtuales que no certifican oficialmente".

Grupo Joly podrá acreditar cuando sea necesario que todos los trabajadores afectados por la medida extintiva cumplían el requisito de la edad, como no podía ser de otra manera.

Asimismo, el citado periódico ha manipulado y tergiversado un informe de la Intervención General del Estado que encargó la juez que comenzó a instruir el denominado caso de los ERE. En su obsesión por desacreditar a esta empresa, ABC da categoría de hechos probados las opiniones que en dicho informe vierten los interventores que lo realizaron y que han sido contrarrestadas por otros informes de las defensas implicadas.

La realidad es que Grupo Joly no ha recibido ni un solo euro de las ayudas públicas que son objeto del juicio por las presuntas irregularidades que podrían haber cometido órganos políticos y administrativos de la Junta de Andalucía.

Las ayudas fueron a parar directamente a los trabajadores que habían salido de Grupo Joly sin que en ningún momento pasaran por la contabilidad de esta empresa.

Los 36 trabajadores agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz realizaron en el año 2004 la tramitación que se les exigió desde la Consejería de Empleo. En este contexto, en un momento del proceso, Grupo Joly recibió una carta de la dirección general de empleo que ABC reproduce maliciosamente con el objetivo de hacer creer a sus lectores que Grupo Joly fue el destinatario de las ayudas, lo que resulta totalmente falso como se ha expuesto. Los motivos por los que fue enviada esa carta a esta empresa y no al colectivo de los ex trabajadores afectados es una cuestión que compete a quien la envió y no a quien no le correspondía recibirla.

Pero además ABC ignora, obvia, manipula o desconoce que las ayudas concedidas a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, en ningún caso a esta empresa editora, siempre han sido legales. Así se reconoce en el decreto-ley 4/2012 de 16 de octubre, de "medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección socio laboral a ex trabajadores y ex trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis" que avala la legalidad de esas ayudas, que a día de hoy siguen percibiendo los ex trabajadores.

El citado decreto-ley recoge expresamente en su exposición de motivos que el Parlamento de Andalucía adoptó en la comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por unanimidad el 4 de octubre de ese año, 2012, tres proposiciones no de ley relativas a la finalización, una vez cumplidos, de los compromisos de la Junta en materia de ayudas socio laborales.

El propio informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cita hasta en tres ocasiones el decreto-ley 4/2012 en el caso de las ayudas concedidas a los ex trabajadores de Grupo Joly y es falso, como afirma ABC, que los peritos insten a la Junta a devolver el dinero de las ayudas, que a día de hoy siguen percibiendo estos ex trabajadores al igual que los otros 6.000 beneficiarios de las ayudas, pertenecientes a centenares de empresas en toda Andalucía.

Es por tanto absoluta y rigurosamente falso que Grupo Joly financiara su expansión regional con esas ayudas, como irresponsablemente y en una actitud indigna de profesionales de la información afirma ABC.

Este grupo editor ha financiado su desarrollo en Andalucía exclusivamente con sus recursos propios, el esfuerzo de sus accionistas y acudiendo al mercado crediticio.

Esta empresa periodística, que es la más antigua de España, se fundó hace 151 años y desde entonces ha mantenido un compromiso con el respeto a la verdad, el rigor y la legalidad. Y es precisamente esa forma de entender la profesión la que lleva a este medio a omitir la opinión que le merece la actuación de ABC y a explicar a sus lectores la realidad de los hechos.

No obstante, ABC ha superado cualquier límite tolerable y ha quebrantado las más elementales reglas de convivencia entre empresas competidoras.

Nos produce tristeza haber tenido que leer las cosas que ha llegado a publicar y, en consecuencia, vernos obligados a escribir este texto. No es costumbre del Grupo Joly entrar en polémicas estériles ni responder a ataques de ninguna clase.

Por todo lo anterior Grupo Joly entablará las acciones legales que correspondan frente a los autores de todas estas falsedades.