Griñán reformará la Junta e impulsará la descentralización

Hace un año, fue el término “desaceleración” el que marcó el discurso de investidura del que iba a ser entonces presidente andaluz, Manuel Chaves. Ayer, fue la crisis la que salpicó casi cada frase de la alocución del que será el segundo presidente de esta legislatura, José Antonio Griñán –la citó 27 veces y sólo una habló recesión–, una vez salga refrendado hoy por los votos de la bancada socialista en el Parlamento andaluz. Su compromiso, articulado en siete “líneas rectoras”, será aumentar la inversión y la creación de empleo como mejor política económica y social, eso así, abierta al consenso con la oposición, e incluso abordando una reforma importante y necesaria, la de la propia Administración autonómica, vía descentralización.

Agilidad y eficiencia en contraposición a cierta lentitud, que en un ejercicio de autocrítica admitió, fueron el hilo argumental de la transformación que perfiló Griñán y que tendrá dos vertientes. La primera, la de potenciar la figura y carrera del funcionario en el organigrama de la Junta –se reservarán a los funcionarios de carrera los puestos que exijan nombramiento del Consejo de Gobierno–. Y la segunda y más importante, la de reforzar la estructura provincial y local para que la toma de decisiones y la resolución de problemas se haga desde el nivel más próximo al ciudadano, acortando así tiempos de espera y simplificando procesos. Este refuerzo del papel que desempeñan las administraciones provinciales –se llevará al Parlamento el debate de este proyecto de reforma de la Junta– y que potenciará la figura de los delegados del Gobierno, a la vez que aligera la carga que soportan los órganos centrales autonómicos, ayudaría también a limar las tensiones territoriales.

No obstante, reformar no significa recortar, de ahí el matiz de que el proceso no implicará “adelgazamiento” del sector público ni privatización de servicios, tal y como viene reclamando el PP, que promueve desde el arranque de la crisis la reducción del tamaño de la Administración.

Esta descentralización política y administrativa, entendida como un “punto central” de la acción de Gobierno, también implicará a los ayuntamientos, que se resolverá en el marco de la nueva ley de régimen local que acotará tanto sus competencias como los recursos financieros para hacerles frente.

La dificultad de presentar un discurso de investidura con el anterior tan reciente dejó a Griñán escaso margen de maniobra para establecer calendarios y compromisos concretos. Fueron muchos los que asumió por la inercia del contrato que el POSE firmó con los ciudadanos hace un año a través de su programa electoral, como él mismo reconoció, y por la gestión de su antecesor. Sin embargo, el agravamiento de una crisis, que ya es recesión, le dejó un campo abierto de actuación.

Defendió la necesidad de una mayor seguridad jurídica, sobre todo, en el ámbito económico, pero sin proliferación normativa ni afán regulatorio, abogó por impulsar la libre competencia y la competitividad en términos de innovación y sostenibilidad, con los hitos marcados del agua y la ordenación urbanística, y la apuesta por las energías renovables. También abrió la puerta a prorrogar algunas de las 46 medidas puestas ya en marcha, tal vez por “no ser suficientes” –9.500 millones–, y adoptar algunas nuevas, dirigiéndose sobre todo el apoyo al tejido empresarial.

No dejó fuera de su estrategia anticrisis a sindicatos ni empresarios, pero tampoco a la oposición. A los primeros los citó como socios indispensables para salir de esta coyuntura, más aún ante el inminente arranque de la negociación del VII acuerdo de Concertación Social, paralizado por este cambio presidencial, y para el que las partes ya tienen perfiladas las líneas maestras para empezar a trabajar en mayo. En el caso de PP e IU, amplió sus expectativas de acuerdo contra la crisis y el paro más allá de los pactos parciales de los que se discuten desde febrero, e hizo un llamamiento para “estar a la altura de las circunstancias”, porque es eso “lo que los ciudadanos esperan” de sus dirigentes.

Por las políticas sociales casi pasó de puntillas, tal vez, desde el compromiso de que la mejor es la generación de empleo o la ayuda al que no lo tiene; de ahí que entre sus anuncios estuviera el de “nuevas prestaciones” que garanticen algún tipo de ingresos a al menos un miembro de cada familia andaluza. Incluso fue poco explícito en lo que consideró prioritario: la educación. Tan sólo incidió en la adecuación de las inversiones a las nuevas exigencias sociales, desde los idiomas y las nuevas tecnologías a la adaptación al mercado laboral. Demasiado escaso para lo que él mismo consideró como la “política de todas las políticas” y de cuya calidad depende el futuro de la comunidad.