Griñán rechaza que se engañara al Parlamento con las transferencias

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, imputado ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos, ha insistido en negar que se haya engañado al Parlamento andaluz en relación con la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales, un sistema cuya legalidad ha vuelto a reiterar.

En un escrito dirigido al instructor del Alto Tribunal, el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente andaluz, ha solicitado la práctica de una abundante prueba documental, alguna de la cual asegura no fue enviada en su momento por la juez Mercedes Alaya. La defensa pide al magistrado Alberto Jorge Barreiro que se requiera al juzgado y al propio Parlamento el envío de esa documentación con la que pretende avalar unas tesis que contradicen claramente el dictamen elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

"La mera insinuación del engaño al Parlamento, no sólo no es verdad, sino materialmente imposible con la abundancia de referencias existentes y los recursos de apoyo con los que cuentan los parlamentarios más que ninguno en España, incluyendo Congreso y senado, sino gravemente injurioso y despreciativo para con el Parlamento de Andalucía", asevera el letrado José María Mohedano.

La defensa hace referencia al informe de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que llegó a un criterio "absolutamente coincidente" con el de los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario que elaboraron el contrainforme pericial a propuesta de Griñán en el que avalan la legalidad de la utilización de las transferencias de financiación.

Esta opinión jurídica de la funcionaria, continúa el letrado, contradice "hasta el punto de refutar en su integridad el completo informe de la IGAE sobre el núcleo central del objeto de la presente causa criminal, al colegir, taxativamente y sin ambages, que IFA/Idea sólo y exclusivamente podía gastar el importe de las transferencias de financiación en materializar los pagos de las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo".

De la misma forma, el escrito de Griñán valora en la misma línea un informe emitido por cuatro interventores generales de la Junta, donde entre otras consideraciones, establecen que el verdadero funcionamiento del programa 31L de la Consejería de Empleo estaba contenido en los instrumentos legislativos que "año a año aprobaba el Parlamento de Andalucía al crear esta singulares, distintas y finalistas transferencias de financiación".

Ese informe de cuatro interventores concluye que las transferencias contaban con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento y la Cámara de Cuentas.

La defensa concluye que se actuó de manera "plenamente conforme a la legalidad aplicable, sin que a lo largo de todo el proceso o ciclo presupuestario se incurriera en irregularidad alguna".