Griñán evita la investigación política de las prejubilaciones hostigado por PP e IU

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, volvió ayer a denegar a PP e IU la creación en el Parlamento de una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) apoyados económicamente por la Junta y donde han aparecido beneficiarios de prejubilaciones que nunca han trabajado en estas empresas, entre ellos, ex altos cargos y militantes del PSOE.

Como continuación de la sesión plenaria iniciada el miércoles, la supuesta trama de los ERE salpicó toda la sesión. El consejero de Empleo, Manuel Recio, contestó a cinco interpelaciones de otros tantos diputados del PP. Las falsas prejubilaciones monopolizaron las preguntas dirigidas al presidente andaluz por parte del presidente del PP, Javier Arenas, y del coordinador general de IU, Diego Valderas. También el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, fue interrogado por el hallazgo de una cámara de vídeo y una caja fuerte en la Consejería de Empleo, y como colofón, la mayoría absoluta del PSOE impidió por tercera vez en diez meses la constitución en el Parlamento de una comisión que investigue el caso Mercasevilla.

Fue Valderas quien lamentó primero la "ocasión de oro pérdida" por el Gobierno andaluz para revertir los "tiempos de descrédito, desconfianza y cansancio" que tienen los ciudadanos del Gobierno andaluz, percibió el líder de IU. "Hay que poner el máximo foco para que la opacidad desaparezca", alentó Valderas, quien condenó las sospechas que se ciernen sobre "amiguismo, tráfico de influencias, nepotismo, corrupción e insolvencia" en la Junta con este caso.

Griñán volvió a apelar a la investigación judicial y en la colaboración de la Junta con ésta, y negó a ambos convocar este instrumento del que el PSOE abomina. Desde 1995, con un PSOE en minoría frente a PP e IU, no se celebra en el Parlamento una comisión de investigación.

El presidente de la Junta le dijo a Valderas en su turno que no estaba dispuesto a aceptar una comisión que supusiera un "altavoz de los intereses partidistas" y luego rebatió a Arenas que la oposición persigue, más que una comisión de investigación, "una comisión de difamación".

Griñán también defendió que, pese a los tres informes de la Intervención General de la Junta discrepantes de la forma en la que se conceden las subvenciones, ni consta irregularidad ni los responsables de Empleo fueron informados de alguna por parte de la Intervención.

Arenas recogió el hilo desenredado por Valderas y defendió que "es perfectamente compatible" una investigación política junto a la judicial, a la que, avisó, "antes o después, no va a tener más remedio que plegarse". La carta en la manga que tenía Arenas guardada esta vez la exhibió tras la primera contestación de Griñán. Arenas enseñó una publicación del BOJA de abril de 2008 en el que figura Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda, como firmante de una transferencia de fondos de empleo por unos 90 millones de euros al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para gastos de explotación. Arenas consideró "gravísimo" que estos fondos para empleo puedan destinarse a estos gastos de explotación ligados a la empresa, donde caben gastos de personal, arrendamientos, suministros o primas de seguro. Fuentes de la Junta vincularon la firma de Griñán a que era el responsable de Economía.