Griñán insiste en que desconocía los informes que alertaban de los ERE

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se exculpó ayer de la implicación en la que quiere introducirlo el PP a cuenta de las falsas prejubilaciones detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) apoyados por la Junta. Griñán y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, porfiaron en la sesión de control al Gobierno andaluz celebrada en el Pleno del Parlamento sobre el informe de la Intervención General de 2005 y los posteriores de 2006 y 2007, que discreparon sobre el procedimiento elegido. El PP atribuye el escándalo de los ERE a que desde la Junta se desoyó esa advertencia.

Cuando sonó esa alerta que la Junta no escuchó -Empleo ha anunciado que se cambiará este procedimiento-, Griñán era el consejero de Economía y Hacienda. Se da la circunstancia de que su viceconsejera, la hoy consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, se puso de parapeto el pasado viernes al informar de que no trasladó a Griñán este informe porque entendía que el consejero no tenía que conocerlo al no haberse detectado menoscabo de fondos públicos. Sin embargo la normativa de la Junta obligaba a que el informe de Intervención del año 2005 se entregara personalmente a Griñán. A pesar de que Aguayo actuó como cortafuegos, el PP no la cree e insiste en implicar al hoy presidente. "Usted afirmó que en ningún momento se habían elevado esas diligencias al consejero; mentía", se dirigió Arenas a Griñán con un ramillete de acusaciones. Incluso añadió que este informe "tuvo que comentarlo con el entonces presidente de la Junta", Manuel Chaves.

Al PP no le convenció la respuesta de Griñán de que la Intervención General de Hacienda no le elevó ningún informe de actuación poniendo en cuestión el procedimiento seguido para la concesión de las ayudas sociolaborales y, a la conclusión del debate, convocó una rueda de prensa para ofrecer a los periodistas un documento que "acredita" la implicación del actual presidente, en palabras del secretario general de la formación, Antonio Sanz.

Si bien Sanz abundó en que el documento "responsabiliza al máximo al presidente de la Junta, a quien no le cabe hoy más que la dimisión por mentir al Parlamento", el PP no despejó las dudas sobre si Griñán llegó a conocerlo.

El documento recoge una comunicación interior en el que la Intervención General remite a la viceconsejera el informe definitivo de cumplimiento para que dé traslado al consejero. Diversas fuentes del Gobierno andaluz vulgarizaron el documento como un "oficio ordinario de la Administración", de los que se emite un centenar cada año. Añadieron que si no se detectan irregularidades, no se eleva un "informe de actuación", figura administrativa en la que se escuda Griñán para justificar su desconocimiento. No hay constancia al menos desde 2004 de un informe de estas características. El PP defiende que, si el paso previo del informe definitivo no llega al consejero, no hay respuesta y se rompe la cadena que propiciaría un informe de actuación. Por ello reclaman el cese de Aguayo.

En el contraataque, Griñán desempolvó un informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público de 1998, justo cuando Arenas era ministro de Trabajo, en el que también se avisa de deficiencias de gestión en "contundentes" términos.

De otro lado, el consejero de Empleo, Manuel Recio, informó de la conclusión de la investigación interna de su departamento, de la que restaban 290 trabajadores de cuatro empresas. Recio no desveló si se amplía la lista de 59 intrusos y 87 sospechosos, aunque estimó que el porcentaje de implicados equivaldrá al actual, sobre un 1% del total.