Griñán deriva la responsabilidad del fraude al interventor y a Empleo

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha derivado la responsabilidad del fraude de los ERE a la Intervención General de la Junta, cuyos informes alertando de las irregularidades asegura que nunca recibió, y a la Consejería de Empleo, que era la encargada de controlar el gasto del pago de las ayudas, y ha defendido tanto la legalidad de las transferencias de financiación al IFA como la actuación de la Consejería de Hacienda y de la dirección general de Presupuestos.

En una declaración que se prolongó durante unas cuatro horas, el ex presidente andaluz ha explicado con respecto a las advertencias o los informes adicionales realizados por la Intervención General de la Junta que “ninguno de esos informes llegaron a su conocimiento, como ha reconocido la propia viceconsejera”, en alusión a Carmen Martínez Aguayo, que este miércoles dijo en su comparecencia ante el TSJA que no leyó ninguno de los dictámenes porque no eran informes de actuación y por tanto no se requería a la Consejería para que adoptara ninguna medida.

“El viceconsejero sólo elevaba al consejero los informes que propugnan una actuación de Hacienda”, ha dicho Griñán, que ha subrayado que la Intervención es la que “decide en cada momento si promueve actuaciones”, de acuerdo con el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Ese artículo determina que el informe de actuación se emitirá por la Intervención en aquellos casos “en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas” o también cuando se “aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.

El ex consejero ha insistido que esos informes eran “para conocimiento”, pero no de actuación, y ha añadido que en el año 2006 la memoria de cumplimiento de la Intervención hace mención a estos informes y es en el momento en que Hacienda lo lleva al Consejo de Gobierno “con la propuesta de la Intervención de modificación del control financiero”. El Consejo de Gobierno, prosiguió Griñán, incluyó un apartado donde se “instruye” al interventor para que en el supuesto de que no se le haga caso a sus “observaciones o se aprecie fraude o menoscabo de fondos” se hagan requerimientos a las distintas Consejerías.

En el 2007, el Consejo de Gobierno incluyó otro punto que implica la “obligación” de adoptar las medidas propuestas para solventar las deficiencias observadas, y además Griñán ha dicho que en su condición de consejero de Hacienda “promovió” acuerdos anuales para fomentar el control financiero e “instruyó a la Intervención para que si no se le hacía caso o hubiera menoscabo de fondos públicos elevara un informe de actuación”. Estas cautelas se tomaron en 2006 y 2007, por lo que, a juicio de Griñán, la Consejería de Hacienda actuó “conforme a la ley”, y en la primera memoria de control financiero que hizo la Intervención siendo él consejero ya se recoge que durante el año 2005 “el control financiero se ha visto incrementado”.

Griñán, que es inspector de Trabajo desde hace 45 años, insistió en que Hacienda actuó como dice la ley, “mejorando el control financiero e instruyendo a la Intervención”, y ha añadido que la Intervención “nunca” advirtió de que el método de las transferencias de financiación fuera ilegal. Así, ha dicho que en octubre de 2004 la propia Intervención se refiere a la partida 31L –conocida como el fondo de reptiles- y la considera el “método legal sin perjuicio de la utilización que de los fondos se estuviera haciendo”.

En 2008, la Intervención propone que se haga más flexible la encomienda de gestión y en 2009 se dice que este instrumento no está bien regulado y es preciso una nueva regulación para “integrar y consolidar su régimen legal”, lo que lleva a Griñán a afirmar que esto demuestra que la Intervención General de la Junta “lo único que aprecia es una discrepancia contable y propone su subsanación”, pero no se estaba hablando por parte de la Intervención de “ilegalidad, sino de mejora del sistema de control”.

En la misma línea, Griñán ha señalado que el informe de cumplimiento de la Intervención de 2004 –que se emite en el 2006 y se notificó a su viceconsejero, pero “no llegó a su conocimiento”- habla de “incumplimientos” normativos en la fase de ejecución del gasto, pero “no de ilegalidades” y no se pide que el consejero actúe ya que está en la fase de gestión del gasto. Sobre el informe de cumplimiento sobre la agencia Idea de 2006, realizado el 4 de diciembre de 2007, el ex consejero reiteró que “ninguno de esos informes” llegó a su Consejería y ha añadido que en esos informes no se proponía la adopción de medidas porque “es el interventor general el que tiene que promover las actuaciones para corregir”.

Todas las leyes de Presupuestos eran informadas por el Interventor y en “ninguna” se hizo observación alguna con respecto a las transferencias de financiación, ya que la Intervención “en ningún momento repara las transferencias de financiación”.

A pesar de que el ex presidente deriva la responsabilidad del fraude a la actuación de la Intervención, Griñán ha dicho que “no cree que el interventor general hiciera dejación de funciones”. El Gobierno, precisó Griñán, “en ningún momento le dice a ningún consejero que se incumpla la norma. Como consejero de Hacienda no puedo ser responsable de cómo se gestiona el gasto en otro departamento, en este caso Empleo” porque “el control le corresponde a la Intervención”. En cualquier caso, insistió en que “no leyó” los informes de la Intervención, sino las memorias de control financiero de cada año, y afirmó que el problema “no estaba en la presupuestación sino en la ejecución del gasto”.

Sobre las seis comunicaciones realizadas por la Intervención con respecto a los problemas que se estaban produciendo con las transferencias y el déficit de 93 millones provocado en el IFA por el director general de Trabajo Javier Guerrero –uno de los principales imputados en el escándalo-, el ex presidente andaluz ha afirmado que el propio interventor declaró que no se remitieron para que se realizara alguna actuación, y ha explicado que durante su paso por la Consejería se produjo “un superávit en el IFA y una reducción del endeudamiento”.

El ex presidente considera que las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales “son un procedimiento adecuado en todas las administraciones” y las directrices del Gobierno andaluz con respecto a las ayudas eran la “política de crecimiento y creación de empleo, esos eran los objetivos de la ley de Presupuestos”. Griñán ha llegado a decir que se reafirma en la declaración de la ex viceconsejera Carmen Martínez Aguayo de que no le elevó las observaciones del Interventor “porque no se proponía la actuación del consejero y además todas las observaciones que hacía el interventor podían ser subsanadas por la propia Intervención”, porque él no tenía competencias para actuar sobre otras Consejería si no lo propone la Intervención a través del informe correspondiente.

Griñán argumentó que cuando el Gobierno de la Junta tuvo conocimiento de que podía haber “comportamientos irregulares”, la Consejería de Empleo inició una investigación interna y posteriormente la Junta se incorporó a la investigación judicial como acusación, llegando a solicitado imputaciones incluso de “militantes del Partido Socialista”, denunciando las situaciones de la Sierra Norte y haciendo la modificaciones legislativas necesarias cuando se percataron de que las cosas no se habían hecho correctamente. A continuación, “asumió su responsabilidad política y renunció al cargo”, ha subrayado Griñán, que al final de la declaración pidió disculpas al instructor por haber realizado esta apreciación “política” sobre su dimisión, aunque insistió en que cuando empezaron a tener conocimiento “actuaron políticamente”.

El ex presidente andaluz ha llegado a calificar el fraude como una “barbaridad”, admitiendo que todas las ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una “responsabilidad política e incluso penal”, pero cree que toda la actuación de la Consejería de Hacienda ha sido “irreprochable”. A su juicio, “falló el control del gasto”, pero las actuaciones de Hacienda y de los directores generales de Presupuestos fue “correcta”.

Con respecto a las modificaciones presupuestarias para incrementar las partidas asignadas al IFA, Griñán dijo que son un instrumento “habitual” en el movimiento presupuestario de un año y ha detallado que no pasaron del 0,7% de las modificaciones totales. Griñán añadió que no hay ninguna modificación presupuestaria que no lleve la firma favorable del Interventor, por lo que Hacienda no puede hacer algo distinto a elevarlo al Consejo de Gobierno. Griñán dijo que cuando se incorporó a la Junta su primer presupuesto es el de 2005, por lo que hay cuatro leyes de Presupuestos anteriores que recogen la partida 31L –conocida como el fondo de reptiles- y dos cuentas generales aprobadas por la Cámara de Cuentas y el Parlamento.

El ex presidente ha señalado que en la Consejería de Hacienda “nadie entra cómo se gasta una partida que consta en los presupuestos”, ya que lo único que sabía es que se transfería dinero al IFA para materializar el pago de las ayudas sociolaborales. “La subvención es el modo de gestión de una partida presupuestaria concreta, el Parlamento lo que autoriza es el gasto y la Consejería es la que establece el sistema para determinar el procedimiento para emplear ese dinero”, ha afirmado. Griñán ha dicho que no conoce nada del acuerdo marco de julio de 2001 por el que se concedieron las ayudas, aunque sí ha admitido que conocía las transferencias de financiación al IFA y en este sentido ha aseverado que la ley dice que es este el organismo “el que se encarga de su control”. En este punto, ha derivado la responsabilidad a la Consejería de Empleo, que es la que tiene la “competencia” y conocimiento del convenio marco no tenía porque saberlo Hacienda.

De los distintos informes externos de los años 2008 y 2009 sobre los problemas de la mecánica del sistema de las transferencias, Griñán ha dicho que “no tiene noticia de estos informes ni le parece el procedimiento adecuado” porque si necesita un informe ha de encargarse al gabinete jurídico de la Junta o a la Intervención, que son los organismos que “garantizan la validez jurídica de los actos”. El ex consejero de Economía y Hacienda ha añadido que hay distintos tipos de transferencias de financiación, que se llaman de una u otra forma “según y para qué sean”, pero lo que indica la naturaleza de la transferencia es el capítulo presupuestario desde la que provengan, todo ello de conformidad con la Intervención General de la Junta de Andalucía. Para Griñán, de la documentación que se adjuntaba a los Presupuestos “no se desprende que el IFA sea meramente una oficina pagadora”.