Griñán critica el "trato injusto" de Rajoy a Andalucía al exigirle un 20% del déficit

Andalucía se salvó por los pelos de la intervención. Restará los 300 millones en ese recorte extra que tendrá que aplicar para tener un déficit del 1,5% y así contentar al Gobierno central, pero la Junta no está por la labor de callarse. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se quejó ayer abiertamente del trato "injusto" que se ha dado a la comunidad en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, y criticó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debilite el "valor España" en los mercados internacionales, "poniendo en duda" a las comunidades en el "peor momento".

"En el CPFF hemos hecho un ejercicio de responsabilidad sabiendo que a Andalucía se le aplica el 20% del déficit de todas las comunidades, pese a tener menos endeudamiento que la mayoría de ellas", dijo Griñán, en una entrevista en al Caderna Ser. Quiso así poner en evidencia la actitud del Ministerio de Hacienda, aunque no ahondó más, atendiendo a que ante una coyuntura como esta lo que hay que tapar son las "grandes divergencias" para que se den los "grandes consensos". Pero lo que tal vez no se atrevió a verbalizar Griñán, sí lo hizo su socio en el Gobierno. IU tuvo muy claro que la exigencia de esos 300 millones más es consecuencia directa de la "premeditación" política, que no económica, que había por parte del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de acabar con la intervención de la comunidad. El vicepresidente y coordinador regional de IU, Diego Valderas, así lo expresó y advirtió que su formación no está dispuesta a acatar ni un tijeretazo más. "Hasta aquí hemos llegado", aseveró, convencido de que es el momento de parar las "políticas suicidas" que imponen Madrid y Bruselas y de que se vayan abriendo paso políticas alternativas.

Acatar esta nueva exigencia al Gobierno central obligará a partir de ahora a PSOE e IU a dar más explicaciones a los ciudadanos y a los empleados públicos, los principales afectados por los recortes, en este caso, salariales -ayer se celebró la Mesa Sectorial de la Función Pública-. En esto, van de la mano, y aparte de la muletilla de que todo es por "imposición", lo más importante es ensalzar que, a diferencia de otras comunidades, la opción andaluza pasa por salvar el empleo público, dejando de lado despidos y privatizaciones, y mantener la sanidad y la educación. Sus llamadas "líneas rojas" .

En cuanto a de dónde se restarán esos 300 millones que faltan, poco se sabe. Todo apunta a los capítulos 6 y 7, las transferencias e inversiones, tal y como esbozó el vicepresidente Valderas. Aparte de esos capítulos, IU ya tiene algunas ideas. Aunque el documento tendrá poco margen de corrección en su trámite parlamentario al haber sido aprobado en el CPFFy por su condición de decreto ley, mantiene que hay partidas por "explorar" y de donde se pueden sacar recursos como, por ejemplo, los 90 millones anuales que la Junta se gasta en alquileres mientras tiene inmuebles vacíos puestos a la venta. El portavoz del Grupo Parlamentario de IU, José Antonio Castro, puso en tela de juicio que esos edificios puedan ser adquiridos en los tiempos que corren y apuntó que si no sería mejor darles uso y evitar tirar el dinero en una renta mensual.