El Gobierno socialista sólo gastó el 30% del presupuesto de la renta mínima de inserción

La renta mínima de inserción salió de los cajones de Junta sociales en junio de 2017 como una medida estrella en el ámbito de las políticas sociales. La iniciativa comenzó a funcionar en enero de 2018, con la entrada en vigor del Presupuesto autonómico, que incluía una dotación de 198 millones de euros para esta subvención, pensada para sustituir al salario social.

El problema del salario social, entre otros, fue su farragosidad a nivel burocrático. La intención del departamento que, entonces, dirigía la socialista María José Sánchez Rubio, era acabar con los retrasos en los pagos del salario social con la nueva fórmula. Sin éxito. La heredera de las competencias en políticas sociales del Gobierno de PP y Ciudadanos, Rocío Ruiz, ha revelado que de esos 198 millones sólo se gastó un 30%.

Las críticas de Podemos e IU a la renta mínima de inserción se centraban en la falta de presupuesto y su escaso alcance. La previsión del Gobierno socialista era llegar a 45.000 familias con ese presupuesto de 198 millones de euros. Si la dotación se agotaba, podría ampliarse. El problema ha sido que, debido a los retrasos de la tramitación de las ayudas sólo se han gastado 56,9 millones de euros.

La actual consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha anunciado este miércoles que tiene previsto impulsar medidas "de urgencia" para que se de trámite a las más de 41.000 solicitudes que hay actualmente pendientes. Para lograrlo, la Dirección General de Servicios Sociales tiene previsto un refuerzo de personal similar al que se ha hecho ya efectivo en el servicio de Teleasistencia, donde se van a incorporar 27 nuevos trabajadores.

El refuerzo para la renta mínima de inserción afectará a los servicios sociales comunitarios, pero también a las delegaciones provinciales de Educación, Deporte, Igualdad, Politicas Sociales y Conciliación, que es donde se tramitan las solicitudes de la renta mínima de inserción. También se prevé mejorar la "gestión informática" para esta prestación, que "se ha revelado ineficiente hasta el momento".

El plan de mejora servirá también para agilizar la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral, que van aparejados a la renta mínima de inserción. Esta iniciativa, relacionada con la búsqueda de empleo, fue una de las novedades contempladas en la nueva prestación. Con la renta mínima de inserción no se tendrían en cuenta determinados ingresos esporádicos en el momento de conceder la ayuda.

"Es un problema heredado de la anterior legislatura fruto de la imprevisión, precipitación e ineficacia del anterior Gobierno", ha dicho Ruiz, que ha lamentado que no se proporcionaran "los recursos ni el personal necesarios" para desarrollar la renta mínima. "No es admisible que haya personas que llevan hasta diez meses esperando una resolución cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y extrema necesidad", ha apostillado Ruiz.