El Gobierno recurrirá el decreto andaluz de desahucios ante el Tribunal Constitucional

Madrid/El Consejo de Ministros ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre desahucios por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que, previamente, se pedirá un informe con carácter de urgencia sobre este asunto al Consejo de Estado, que tiene quince días para responder.

Después de la reunión del Consejo de Ministros, a la que no ha asistido Rajoy por encontrarse en Bruselas en el Consejo Europeo, Saenz de Santamaría ha detallado que el recurso puede ser contrario a varios artículos de la ley andaluza de la vivienda y de la disposición adicional segunda del decreto ley que permite la expropiación temporal del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria. Saenz de Santamaría, que ha recordado que la UE ha puesto en duda este decreto y ha manifestado su preocupación, ha señalado que el Ejecutivo entiende que la medida afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma que está reservada a las Cortes Generales.

Ha argumentado asimismo que la normativa andaluza establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y fija una regulación contraria al principio de igualdad, por cuanto en la regulación de los derechos afectados es necesario que exista una norma con carácter general y estatal para garantizar esa igualdad.

La Junta acusa al Gobierno de apoyar a la banca contra los ciudadanos

La Junta de Andalucía considera que el Gobierno "da la espalda a los ciudadanos que peor lo pasan y se pone del lado de la banca y los mercados" al recurrir el decreto andaluz sobre la Función Social de la Vivienda, según ha declarado la consejera de la Presidencia, Susana Díaz. En un comunicado, la consejera señala que la decisión del Gobierno es "lesiva para las personas que peor lo están pasando y que más lo necesitan". Díaz sostiene que "llama poderosamente la atención la falta de sensibilidad del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ante el drama de los desahucios", por lo que pregunta a los responsables del Gobierno central "cómo van a poder mirar a la cara a la gente que está pagando las consecuencias más dañinas de esta crisis recurriendo esta medida mientras al mismo tiempo le inyecta 41.000 millones de euros a los bancos".

La consejera insta al Ejecutivo de Rajoy a "explicar a las claras por qué el Gobierno toma esa decisión" y "qué encierra el rescate bancario que le obliga a tomar una medida tan injusta y dolorosa para muchas familias que pueden perder sus casas y verse en la calle". Susana Díaz insiste en que el decreto andaluz "garantiza y pone en valor precisamente la función social del derecho de propiedad y que lo que se expropia es el uso de la misma". La consejera subraya que el decreto andaluz tiene "un sólido anclaje jurídico y constitucional y por tanto es una medida legal", y asegura que la decisión "deja al PP andaluz en muy mal lugar".

Díaz recuerda que el PP-A "no sólo no votó en contra del decreto en el Parlamento, sino que sus dirigentes defendieron públicamente que no se recurriera por parte del Gobierno central". Por ello, la consejera espera que el PP-A "se sume a la Junta de Andalucía, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales para defender un norma que propugna la justicia social", por lo que insta a su presidente regional, Juan Ignacio Zoido, a "dar la cara" por los andaluces "y no refugiarse en el silencio cómplice".

Cortés defiende la constitucionalidad y lamenta la "grotesca operación" del Gobierno

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido la constitucionalidad del decreto ley frente al recurso anunciado por el Gobierno, para lo cual Cortés apunta que el Ejecutivo central "ha fabricado excusas falsas" y "ha montado una grotesca operación para cargarse de supuestas razones en base a las apreciaciones de la CE", asevera. La consejera considera que el anuncio "supone un ataque frontal a la autonomía y a la soberanía andaluzas con el único objetivo de defender los intereses de las entidades financieras". Por ello, lamenta que el Gobierno "se pone al servicio del totalitarismo financiero, intentando dejar fuera de la legalidad las políticas alternativas al neoliberalismo, algo que no va a conseguir".

La Junta ha recordado que con el decreto la Consejería "da respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la ONU". Considera que "no lo recurre en defensa de la Constitución, sino en defensa de intereses especulativos contrarios al interés general" e insiste en que el decreto "es plenamente constitucional", tras lo que ha recordado que el artículo 33 de la Constitución española "consagra la función social del derecho de propiedad, función social que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad".

"España es un Estado de Derecho, no un Estado de derechas", ha agregado la consejera, quien lamenta que el Gobierno "anuncia un recurso sin clarificar las causas en que se sustenta". Apunta que la alusión a que el decreto ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es "falsaria y tramposa". "Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, autopistas, y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, y el Gobierno no se opone", ha agregado Cortés, quien lamenta que el Ejecutivo "está defendiendo no el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras". La consejera critica que el Gobierno sitúa el memorando con las condiciones del rescate financiero por encima de la Constitución y utiliza el Tribunal Constitucional, en el que se ha asegurado previamente una mayoría conservadora, para defender de forma tramposa los intereses de las mismas entidades financieras que indecentemente ha regado con dinero público sin exigir contrapartida alguna".