La Junta pospone la ley de regadíos de Doñana para favorecer el diálogo con el Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que paraliza la ley de ampliación de regadíos de Doñana como consecuencia de la negociación que ha abierto con el Gobierno central después de reunirse esta tarde con la vicepresidenta tercera Teresa Ribera.

El Gobierno central plantea la compra de fincas en el entorno de la corona norte del parque de Doñana para aliviar la presión sobre el acuífero y la Junta se muestra dispuesta a estudiar las propuestas.

La ministra de Transición Ecológica anuncia un plan de actuaciones que pretenden que esté definido en el plazo de un mes y que contarán con una dotación de 350 millones. En el desarrollo de estas actuaciones, Ribera ha asegurado se escuchará la opinión de todas las partes durante la próxima semana. "Nuestro programa de compra de suelo está pensando para lo que lo hemos comprometido en las autoridades internacionales", ha sentenciado Ribera.

Este era uno de los principales asuntos que pondrá la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno central, Teresa Ribera, sobre la mesa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el encuentro que ambos han mantenido en el Palacio de San Telmo esta misma tarde. Con esta propuesta, el Gobierno central pretende la extensión de la protección en esta zona, recuperando terrenos con una posible expropiación.

Y la Junta de Andalucía se abre a estudiarla como una posible solución. En este sentido, el portavoz del Gobierno andaluz aseguró que la predisposición de la Junta es "dialogar hasta la extenuación". "Nuestra línea roja es que salvaguardar Doñana tiene que ser compatible con ayudar a esas familias". Fernández Pacheco ha argumentado que "la proposición de ley en el Parlamento es la propuesta del Gobierno andaluz para solucionar este problema, pero si hay una solución mejor, estaríamos encantados de escucharla". "No vamos a dejar tirados a esas familias de la Corona Norte de Doñana", afirmó el consejero de Medio Ambiente.

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ya anunció en noviembre de 2022 un plan de 356 millones de euros en cinco años (2027) para aliviar la presión que sufre el Parque Nacional de Doñana en el que figuraba una partida de 100 millones de euros destinada a la compra de derechos de agua de los regantes de los terrenos colindantes con el parque y de fincas para acabar con la actividad agrícola intensiva, sobre todo de fresa y otros frutos rojos, que esquilman el agua de Doñana.

En una entrevista concedida a este medio, Juanma Moreno abrió la puerta a una negociación in extremis, pero siempre que se garantice el derecho que van a darle a estos agricultores: "Hasta ahora, nadie nos ha ofrecido una alternativa, pero los canales están abiertos. Si el Ministerio tiene voluntad, vamos a sentarnos y a escuchar, estamos a favor de un acuerdo, pero que también resuelva los problemas de los agricultores de la zona. Si no es así, el problema va a seguir", señaló Moreno.

Valoraciones de Ribera, a priori

En la entrada a la reunión en San Telmo, la ministra ha centrado la postura del Gobierno: "Esperamos que no haya ni media hectárea más reconocida como regadío. El plan de la corona de 2014 -el conocido como plan de la fresa- fue un proceso enormemente complicado que encontró un punto de entendimiento común por parte de todos y es de donde no podemos movernos".

Ribera ha comentado que sus expectativas en la cita con Moreno son positivas para "sumar fuerzas". "Creo que el compromiso tanto en la defensa de Doñana como en la búsqueda de alternativas que no pongan en riesgo Doñana, pero que permitan el desarrollo social del territorio es muy importante. Confío en que la reunión vaya bien" ha dicho.

Asimismo, Ribera ha comentado que "no necesitamos ir a ningún tribunal para que nos digan que las administraciones debemos trabajar por salir adelante en Doñana, cerrando ese proceso de infracción que todavía está abierto en la Comisión Europea y en la Unesco".