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La Junta de Andalucía debería recibir este año 1.200 millones de euros más de las entregas a cuenta que le envía el Gobierno central, pero sin Presupuestos Generales en 2019, esta partida sería congelada. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda está preparando un real decreto para actualizar las entregas con una mejora, debido a que la recaudación estatal ha venido mejorando. Aunque faltan por detallar los cálculos será una cifra cercana a los 6.400 millones de euros más para todas las comunidades.
En el caso andaluz, la cifra no llegará a esa cantidad adicional de 1.200 millones de euros; será menor, pero en cualquier caso mucho más que si las entregas se congelasen. Pero el dato es esencial para hacer el propio presupuesto andaluz, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quiere aprobar antes del mes de mayo. Èstas serán las primeras cuentas del Gobierno de coalición, aunque necesitarán el apoyo de Vox en la Cámara para sacarlos adelante. Este presupuesto incluirá algunas de las rebajas fiscales prometidas, aunque más allá de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Herencias, no se ha podido anunciar nada más.
Cuando los gobiernos del PP prorrogaron presupuestos, Montoro congelaba las entregas, era un modo de presionar al PSOE en el Congreso por medio de las comunidades autónomas, muchas gobernadas por los socialistas. Sin embargo, hay un precedente de lo que ahora quiere hacer la ministra María Jesús Montero en el año 1996. En esa ocasión, cuando el último Ejecutivo de Felipe González no pudo aprobar las cuentas, debido al desmarque de Jordi Pujol, se aprobó un decreto para mejorar la situación de las comunidades autónomas.
Ahora ocurre algo similar, también han sido los partidos catalanes quienes han dejado a Pedro Sánchez sin su Presupuesto de 2019. El argumento del Ministerio de Hacienda es que las comunidades participan de los ingresos estatales, con independencia de la ley presupuestaria, por lo que pueden beneficiarse del aumento de la recaudación que no depende de los cambios fiscales que sí se incluían en los Presupuestos Generales. Estos eran el aumento de la tributación en el IRPF para las rentas de más de 130.000 euros al año; el incremento del impuesto de hidrocarburos, y una actualización del pago del IVA a las comunidades.
Estos tres factores no se considerarán, que es lo que habría hecho posible que la Junta cobrase 1.200 millones de euros más, entre las entregas y la liquidación del año 2017. Con las entregas y la liquidación es con lo que, realmente, se construyen los presupuestos autonómicos, conceptos más importantes que la recaudación por los impuestos propios y cedidos o los cálculos de incrementos económicos.
Las comunidades participan del 50% de los ingresos del IRPF, del 50% del IVA y del 55% de los impuestos especiales.
Este real decreto de María Jesús Montero ha sido contestado por la oposición, que ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su voluntad de seguir aprobando medidas a pesar de que está próximo a entrar en funciones.
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