El Gobierno estudia excluir el aeropuerto de Gibraltar del cielo único europeo

Entre las acciones que prepara el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, y que, a buen seguro, librarán una agria polémica con el Gobierno de Gibraltar figura la decisión del Gobierno español de excluir el aeropuerto del Peñón del cielo único europeo volviendo a la postura que mantenía antes de los acuerdos de Córdoba de 2006.

La "firme decisión" de García-Margallo es deshacer las concesiones realizadas durante los ocho años de Gobierno socialista, artífice del llamado Foro de Diálogo, por el que los gobiernos de Madrid, Londres y Gibraltar se sentaron en igualdad de condiciones en torno a la mesa de negociación.

Las últimas intenciones se basan en la voluntad de excluir el Peñón del llamado cielo único europeo, que son el paquete de normas y directivas que pretenden avanzar hacia una gestión única del espacio aéreo de la UE.

La directiva debía haber sido aprobada bajo presidencia chipriota de la UE en el segundo semestre de 2012, pero distintas desavenencias -y no solo la española a propósito del Peñón- obligaron a dejarla para la actual presidencia irlandesa. Será en la próxima reunión de los ministros de Transporte cuando se vea si la directiva prospera y si se deja fuera a Gibraltar.

España levantó el veto al aeropuerto de Gibraltar en virtud del acuerdo alcanzado en septiembre de 2006 en Córdoba por el Foro de Diálogo. La declaración de Córdoba preveía la construcción de una única terminal, con salidas directas al norte y sur de la verja (La Línea y Gibraltar), en las que se efectuarían los controles de inmigración, así como la creación de una empresa mixta para la explotación de los servicios aeroportuarios. A cambio, España aceptó el levantamiento de todas las restricciones al tráfico aéreo del Peñón y su exclusión de la normativa aérea de la UE. La terminal conjunta nunca se construyó y, en su lugar, se ha levantado un nuevo edificio en la zona gibraltareña de la verja que inauguraron los condes de Wessex durante su polémica visita al Peñón en junio del año pasado.

Por su parte, Fabián Picardo declaró ayer que esta decisión supone un "paso atrás" y supondría "renegar de las obligaciones y compromisos de los acuerdos de Córdoba de 2006".