El Gobierno central descarta comprar o permutar los terrenos afectados en Doñana

El Ministerio de Transición Ecológica no contempla la permuta ni la compra de los terrenos agrícolas que se iban a beneficiar de la ley de regadíos que promovían PP y Vox en el Parlamento andaluz. Las soluciones que el Gobierno central lleva a la mesa de negociación con la Junta y los afectados no incluye ningún trato económico sobre estas tierras. Fuentes del Ministerio han querido aclarar este concepto, aunque dejan la puerta abierta a que la Junta aporte sus propias vías. Este lunes se han reunido por primera vez el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para constituir la mesa de negociación entre ambas administraciones que, a su vez, debe hablar con los agricultores afectados.

La sensación de los reunidos es que se ha avanzado en una solución, según fuentes de la Junta. Además del consejero de Presidencia, han asistido los de Medio Ambiente y Agricultura. Morán ha ido acompañado de varios directores del Ministerio, además del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez.

Las tierras en litigio, que suman unas 700 hectáreas en varios municipios de la comarca del Condado de Huelva, carecen de concesiones de agua para el riego, que es el motivo por el que el Ministerio descarta la compra o la permuta. En la actualidad, son fincas de secano, aunque muchas de ellas se ha estado regando y algunas cuentan con expedientes de sanciones abiertos. El precio de una hectárea de regadío multiplica por 10 a la de secano y, sin la ley que se iba a aprobar en el Parlamento, los terrenos no son aptos para el riego.

El portavoz de los agricultores afectados, Julio Díaz, ha mostrado este lunes su "escepticismo" ante la decisión de la Junta y el Gobierno, y ha solicitado que la ley se tramite y se apruebe, con independencia de que, posteriormente, se llegue a un acuerdo con las administraciones. Según Díaz, esto "homogeneizaría" las fincas afectadas, porque la casuística es muy variada. En 2014 se aprobó un plan de regularización de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, también conocido como Plan de la Fresa, y las parcelas de la discusión se quedaron fuera por diversos motivos: algunas no estaban sembradas de fresa, otras eran plantaciones de eucaliptos y otras sólo se regaban de modo parcial.

El Gobierno de Juanma Moreno ha aceptado la suspensión de la ley durante un mes, tiempo durante el cual espera alcanzar un acuerdo que también deben aceptar los agricultores afectados. Desde Algeciras, el presidente de la Junta ha insistido en esta idea: "Hay una cuestión que no hay que olvidar, el motivo del proyecto de ley es una situación que vive una serie de familias agricultoras en la Corona Norte, a las que queremos darle una solución a través de esta ley". Por tanto, la resolución del problema de estas familias "es un asunto lo suficientemente importante como para que esté en la primera línea de la negociación y que, entre todos, con diálogo y trabajo, consigamos una solución".

El Ministerio de Transición Ecológica dispone de 350 millones de euros para esta operación. Habrá inversiones de carácter socioeconómico para los municipios del Condado e iniciativas para promover otros sectores laborales, pero las únicas fincas que el Gobierno central podría comprar, y no están en esa zona, son aquellas que cuenten con concesiones de riego. Es el caso de las acciones prevista en la zona arrocera para recuperar el antiguo Caño del Guadiamar.