El Gobierno autoriza a Andalucía a emitir deuda por 500 millones de euros

Madrid/El Consejo de Ministros ha autorizado a las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia, Baleares, Asturias, Canarias y Extremadura a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo por valor de 3.829,6 millones de euros. Del total autorizado, Cataluña concentra 1.866,2 millones, seguida de Madrid (819,7), Andalucía (501,5), Galicia (419), Baleares (80,5), Asturias (71,3), Canarias (45,8) y Extremadura (25,6 millones de euros).

En el caso de Cataluña, los 1.866 millones incluyen un total de 1.090 millones destinados a financiar el gasto sanitario de ejercicios anteriores imputado contablemente en 2006 y que no había sido financiado. Los importes autorizados están establecidos conforme a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en materia de endeudamiento de las comunidades autónomas. Además, el endeudamiento autorizado se corresponde con los planes económico-financieros de reequilibrio 2011-13 presentados por las comunidades al CPFF, y a cuenta del programa anual que se acordará entre las comunidades y el Estado.

En el caso de las comunidades que cumplieron su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2009 (Madrid y Galicia), dicho importe no supera las amortizaciones de deuda a largo plazo previstas para el ejercicio 2011. En el resto de autonomías, las amortizaciones a largo plazo son las previstas en el primer semestre de 2011. Cataluña, Madrid, Canarias, Galicia y Baleares han acogido con satisfacción la decisión del Gobierno, mientras que Andalucía, Asturias y Extremadura han rehusado dar su opinión sobre este asunto.

Artur Mas, presidente de la Generalitat, ha celebrado la autorización de la emisión de deuda a Cataluña como un "primer signo de confianza" en el plan de viabilidad presentado por el Ejecutivo catalán. Mas ha "agradecido" la autorización porque representa "un primer paso", aunque ha advertido de que próximamente deberán venir nuevas autorizaciones de endeudamiento. Ha concretado que la Generalitat necesitará casi "cinco veces" la cifra de endeudamiento autorizada en esta ocasión, en buena parte para pagar "deuda antigua que vence este año".

En Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se ha mostrado partidario de que las comunidades autónomas emitan deuda, pero ha criticado que el Gobierno permita superar el techo que se ha fijado, como, según él, ha ocurrido en el caso de Cataluña. "Es una muy mala noticia que el Gobierno relaje las condiciones de financiación de las comunidades autónomas" porque "va en la dirección contraria a lo que necesita nuestro país", ha dicho Granados, quien ha abogado por "gobiernos austeros".

Por su parte, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha destacado el enorme esfuerzo de las comunidades autónomas para cubrir los "errores" del Gobierno español. La autorización "era lo esperado", ha afirmado Rivero antes de subrayar: "El déficit del Estado, que nos obliga a hacer unos ajustes tan desproporcionados en cada comunidad autónoma, tiene que ver mucho con la facilidad con la que el Gobierno del Estado dilapidó recursos en los últimos años".

Desde Galicia, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado que la suya es una de las tres comunidades autónomas que cumplió el pasado año con la Ley de Estabilidad Financiera, por lo que ha considerado que no debería haber "ningún problema" para que el Gobierno le permita emitir más deuda. "Lo que no es aceptable es que el mayor responsable de la crisis en España, que es el Gobierno del señor Zapatero", intente echar la culpa a las comunidades autónomas, ha afirmado Rueda antes de que el Gobierno adoptara este acuerdo.

El Govern balear ha aclarado que la autorización de endeudamiento le servirá para refinanciar la deuda pendiente y no para realizar una nueva emisión de "bonos patrióticos". De este modo, la portavoz del Ejecutivo balear, Joana Barceló, ha explicado que la autorización responde al cumplimiento del límite de déficit del 2,4 por ciento del PIB regional establecido en 2010.