El Gobierno andaluz no quiere la desescalada por regiones

Las videoconferencias del presidente Pedro Sánchez con los líderes autonómicos no pueden ser "un café". El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha solicitado este jueves que las comunidades sean partícipes del plan de desescalada, aunque ha matizado que la Junta no está a favor de un desconfinamiento por regiones.

La preocupación expresada por Marín se produce después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya adelantado que la desescalada será por sectores y fases, una hasta el verano, y la siguiente, hasta el final de 2020. En este último tramo ha incluido al sector de la hostelería y el del turismo. El impacto de ambos en Andalucía, donde suman más del 20% del PIB, sería catastrófico.

Marín ha dicho que ante "los distintos anuncios, noticias o bulos" que se están produciendo en estos días en relación con este calendario, ruega al presidente del Gobierno que apruebe un plan nacional de desescalada. "El Gobierno andaluz cree que todos debemos salir al mismo tiempo, pero es consciente de que el mando único tiene la potestad", ha sostenido Marín.

Comunidades donde la tasa de incidencia del virus es menor, como Canarias y Baleares, sí están a favor de que se desescale por regiones. La queja de Marín se basa en que los presidentes acuden los domingos a hablar con el presidente, pero se encuentran con decisiones ya adoptadas.

Juan Marín también ha solicitado que el Gobierno central convoque de manera inmediata una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que los consejeros de Hacienda de las comunidad trasladen la realidad de sus territorios y las necesidades de financiación. Ha señalado que Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deben entender que para afrontar todos los gastos derivados de esta crisis del coronavirus, el Ejecutivo nacional tiene que hacer una "cuenta aparte" y no se debe tirar del dinero de las comunidades como está ocurriendo con las partidas de las políticas activas de empleo.

Ha planteado al Ejecutivo nacional que devuelva a las comunidades esas partidas para las políticas activas de empleo y que, en el caso de Andalucía, suponen 430 millones de euros.