El Gobierno andaluz encara 2022 con la agenda legislativa casi vacía

El Parlamento de Andalucía aprobó en 2021 un total de 39 iniciativas legislativas. La mayoría –27 concretamente– han sido decretos ley, muchos de ellos amparados en la gestión de la pandemia, motivo que justifica la urgencia de este tipo de normas. También se aprobó una polémica reforma del reglamento para blindar la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines del grupo Adelante en aplicación del pacto antitransfuguismo. Y once leyes, aunque tres de ellas proceden de decretos que fueron apoyados por los partidos de la oposición con el compromiso de que se tramitaran como proyecto de ley para, de esta manera, ampliar el proceso de participación de la Cámara en dichas normas. Esto deja 2021 como el año más prolífico en la actividad legislativa del Parlamento andaluz, ya que en el año que acaba de terminar se han aprobado el 43% de todas las normas que han salido del antiguo Hospital de las Cinco Llagas en lo que va de legislatura.

Semejante actividad ha provocado que el cajón de leyes y decretos pendientes de tramitarse en 2022 haya quedado medio vacío, sobre todo en el apartado de propuestas impulsadas por el Gobierno andaluz o los partidos que lo conforman. Sólo cinco de las 15 normas que se deben tramitar en 2022 proceden del Consejo de Gobierno, aunque habría que sumar otras dos proposiciones de ley impulsadas por Ciudadanos y por el PP que, en teoría, deberían tramitarse con la agilidad propia de las normas que llevan la firma de los partidos que cohabitan en el Palacio de San Telmo.

No siempre es así y, de hecho, dos de las las 15 normas que llevan más tiempo en el tintero de la Cámara fueron propuesta de populares y naranjas. La más antigua es la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que impulsaron PP y Cs para eliminar los aforamientos, un privilegio que provoca que sólo el TSJA pueda enjuiciar asuntos de los diputados autonómicos y consejeros del Gobierno andaluz. La dificultad para poner en marcha una reforma de la ley fundamental de la comunidad –es necesario que se apruebe en Cortes e incluso un referéndum– paralizó esta iniciativa a pesar de ser un compromiso incluido en el pacto de gobierno firmado por PP y Cs.

Tampoco ha avanzado en su tramitación desde que se registró, en diciembre de 2019, una proposición de ley de los populares para crear el Instituto Andaluz de Salud. Este nu evoente instrumental estaba pensado para aglutinar todos los organismos relacionados con la sanidad que dependen de la Junta, pero provocó una importante contestación social porque suponía eliminar otro con una trayectoria muy respetada, la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada. Estas críticas hicieron que el proceso no avanzase, por lo que hay que dar un salto de casi dos años para encontrar otra norma impulsada por un partido del Gobierno, la proposición que modifica la ley andaluza de víctimas del terrorismo que Ciudadanos impulsó el pasado otoño y que todavía no ha llegado al Pleno.

En este momento sólo hay cinco normas registradas en la Cámara por el Consejo de Gobierno que, en teoría, deben marcar los primeros compases del que está llamado a ser el último periodo de sesiones de la legislatura. Por lo tanto, servirán para dilucidar si el Gobierno de Juanma Moreno se enfrenta a un bloqueo parlamentario. Son la ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027, una leve modificación de la ley de Discapacidad, la Ley de Economía Circular y dos decretos aprobados en los últimos consejos de gobierno del año: uno sobre el primer ciclo de Educación Infantil y otro sobre contrataciones de personal laboral del SAS asociado a la integración de las agencias públicas empresariales sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud.

La ley de Economía Circular es la más relevante de este paquete legislativo, ya que es consecuencia directa de la apuesta por la “revolución verde” que Moreno quiere poner en marcha. Es más que probable que eso sea un problema para Vox, el principal aliado del Gobierno andaluz a pesar de las alharacas, ya que se trata de una norma alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030. El rechazo a estos postulados motivó que la formación de Santiago Abascal registrase una enmienda a la totalidad a la ley del plan estadístico y cartográfico, un texto de marcado carácter técnico, pero que se encontró con las críticas de Vox porque “establece como ejes transversales la incorporación sistemática de la perspectiva de género y el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible”.

La reforma de la ley de discapacidad no debe significar un problema para el Gobierno, pero es cierto que no ha llegado todavía a Pleno desde su registró, el pasado septiembre. Los dos decretos que están en trámite tampoco tienen fecha para pasar por la antigua iglesia que hace las veces de plenario, pero es cierto que deben convalidarse, como muy tarde, en la última semana de enero. Será entonces cuando sea pueda comprobar si el Ejecutivo de Juanma Moreno mantiene engrasada la capacidad de llegar a acuerdos que le ha permitido sacar adelante su agenda legislativa entre acuerdos con Vox y negociaciones con la izquierda cuando sus socios se han levantado de la mesa.