El Gobierno andaluz tantea a Bruselas para ampliar los regadíos junto a Doñana

Esta vez será de otra manera. La Consejería de Medio Ambiente ha informado a la Comisión Europea del proyecto de ley -ahora congelado- que quedó pendiente la pasada legislatura para ampliar las hectáreas agrícolas con derecho a riego cercanas al espacio de Doñana. La legislatura se cerró sin que se aprobase tal regulación y, por tanto, la iniciativa, que partió de una iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox, decayó. Ahora, el Gobierno andaluz está trasmitiendo a las instituciones implicadas que, en ninguno de los casos, se autorizarán riegos que utilicen agua del acuífero y que la regularización sólo será territorial.

Este proyecto causó el rechazo frontal de la Comisión Europea y del Ministerio de Transición Ecológica, y puso en entredicho la vocación medioambientalista del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ahora, su consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, está comandado para llevar este asunto en un diálogo con Bruselas y Madrid. De momento, el PP no ha vuelto a presentar la iniciativa en la Cámara. Sí lo ha hecho Vox, pero la proposición aún no ha sido calificada por la Mesa y, por tanto, no ha pasado al pleno.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, y el director general de Espacios Protegidos, José Enrique Borrallo, se reunieron este miércoles con el director de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el portugués Humberto Delgado. Según ha podido saber este medio, el mensaje transmitido a Bruselas es que "el acuífero de Doñana no se toca", que la posible regularización pretende clasificar como de regadío unos cientos de hectáreas -las cifras discrepan de si, finalmente, llegarán a 1.000 o serán 1.400- de la Corona Norte Forestal, aunque no se le asegurará el agua si ésta no llega de superficie.

La estrategia de Ramón Fernández Pacheco difiere de la anterior. Ante la cercanía de las elecciones autonómicas de 2022, Vox tiró del PP para presentar una proposición que contaba con el apoyo de los municipios onubenses afectados, pero que evitó la información al Ministerio de Transición Ecológica y a Bruselas. Presionado también por esos pueblos del Condado de Huelva, el PSOE terminó por abstenerse, a pesar de que la ministra Teresa Ribera advirtió de que acudiría al Tribunal Constitucional y, lo que es peor, advirtió del malestar de la Comisión Europea con el proyecto de la Cámara andaluza.

Hay que tener en cuenta que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no salvaguardar el acuífero de Doñana, afectado por los pozos agrícolas, la urbanización de Matalascañas y, en último término, por una sequía prolongada. Las bolsas de agua subterráneas de la Rocina, Almonte y Marismas son las que se encuentran en peor estado. La Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha hecho público el seguimiento de la población de aves que realiza todos los años. Éste concluye en que el número de invernantes de la temporada 2021-2022 ha sido la más baja de los últimos 40 años y que la población nidificante también va en regresión.

Solución complicada

El Gobierno andaluz quiere convencer a las autoridades europeas de que su reforma sólo pasa por la clasificación como hectáreas de regadío de una zona agrícola que se quedó fuera en la regularización de 2014 y que la llegada del agua dependerá de la ejecución de unas obras que, básicamente, la traen de la cuenca adjunta de los ríos Odiel, Tinto y Piedras. De hecho, estos cultivos están en el Condado, en una zona de la provincia de Huelva que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En último término, tendría que ser este organismo, del Ministerio de Transición Ecológica, el que autorizase la explotación del acuífero. Y no lo hará.

Hay que tener en cuenta que la zona central de la provincia de Huelva la componen las cuencas de los ríos Odiel, Tinto y Piedras, que gestiona la Junta de Andalucía al ser intracomunitaria. El área en conflicto es de la cuenca del Guadalquivir, competencia estatal. Básicamente, el proyecto que impulsa el Gobierno andaluz, y que apoyan los municipios, pasa por trasvasar agua desde el Odiel, Tinto y Piedras al área cercana a Doñana. Para ello, es necesario poner en funcionamiento la presa de Alcolea, pero el agua que se almacena en este embalse tiene una alta concentración de metales pesados. Este proyecto está paralizado.

La posición del Ministerio de Transición Ecológica es que las aguas que aporten nuevas infraestructuras se dedicarán a los regadíos actuales y a reponer parte del acuífero de Doñana. Juanma Moreno y Teresa Ribera han tenido algún encontronazo, porque el presidente de la Junta esperaba que la ministra no diese nuevos pasos sin contar con la Junta. Ribera presentó hace unos meses un plan propio para Doñana sin dialogarlo con el Gobierno andaluz.

Esta misma semana, Juanma Moreno publicó en las redes sociales una imagen de la apertura de las compuertas de la presa de Olivargas. Situada aguas arriba de Alcolea, este pequeño embalse tiene que soltar el líquido sobrante, sin que se pueda retener más abajo para darle un uso agrícola. Según Moreno, ya se han perdido 22 hectómetros cúbicos.