Gobierno y Junta abren una guerra por las competencias sobre las desaladoras de Andalucía

Sevilla/La Junta de Andalucía y el Gobierno central abren un nuevo enfrentamiento para dirimir el titular de las competencias en los proyectos de las dos desaladoras que están pendientes de construcción en la comunidad autónoma. Si ayer este periódico adelantaba que el Ejecutivo andaluz no había remitido la documentación de las instalaciones de Almería y Málaga, ayer el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, aclaró que esa responsabilidad “corresponde en exclusiva al Gobierno central”, por lo que “esos 200 millones, ni se han pedido, ni se van a pedir”.

Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) confirmaron a este periódico que fue ayer mismo cuando recibieron “información sobre la obra de la desaladora de la Axarquía, en Málaga, en la que se da cuenta de la disponibilidad de terrenos. Entre la documentación remitida no figura el proyecto”. En lo que se refiere a la que se instalará en Almería, “la nueva desaladora de Bajo Almanzora II, la Junta remitió un documento técnico en agosto del año pasado. Éste fue analizado por Acuamed (entidad que gestiona dicha instalación), que incorporó una serie de requerimientos. A fecha de hoy el Gobierno de España no ha recibido el proyecto adaptado”.

Desde el Ejecutivo central quisieron dejar claro que “cualquier administración puede acometer una obra de este tipo. No es competencia exclusiva del Estado”. De hecho, “estas dos obras fueron incluidas en el Real Decreto Ley 4/2023 por petición de la propia Junta de Andalucía”. En este sentido, recordaron que “para llevar a cabo actuaciones de este tipo se debe remitir primeramente el proyecto y la disponibilidad de terrenos. Después, se realiza la declaración de impacto ambiental y la licitación y ejecución”.

A diferencia de lo llevado a cabo por el Gobierno de la Junta, la Generalitat de Cataluña, sí presentó el proyecto completo para la ampliación de la desaladora de Tordera, ubicada en el término municipal de Blanes que llegaría a los 20 hectómetros cúbicos.

Después de la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz acusó al Ejecutivo de “mala intención”, puesto que a su entender “las desaladoras son una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, es decir, las tiene que hacer el Gobierno, por lo que esos 200 millones que dice que la Junta debe pedir, ni los ha pedido, ni lo va a hacer”.

Fernández-Pacheco, en un extremo que fue confirmado también por la consejera de Agua, Carmen Crespo, confirmó que “en base al acuerdo de colaboración con los gobiernos autonómicos, la Junta remitió la documentación solicitada al Miteco, al igual que se ha hecho con los grupos de trabajo creados para el impulso de estas obras, así como en las reuniones mantenidas con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán” que se llevan a cabo casi todas las semanas.

En estos grupos de trabajo, continúa Crespo, “se llegó al acuerdo que la financiación sería con cargo a los Fondos de Recuperación y Resiliencia y que las distintas obras serían acometidas por la empresa estatal Acuamed, quien se encargaría de toda la tramitación administrativa relativa al proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de obras”. La consejera señaló que “en la última de las reuniones, se dio cuenta a Hugo Morán del cumplimiento de la entrega de la documentación requerida, poniendo en evidencia que la desaladora del Bajo Almanzora se remitió (proyecto y suelo) en julio del año pasado y la de la Axarquía este mes de enero”.

Como conclusión, desde la Consejería de Agricultura se exigió “la inmediata rectificación” al Ministerio por “difundir una información que no se ajusta con la realidad ni con el proceso de lealtad institucional que debe de primar ante la firma de un protocolo de colaboración que establece, perfectamente, los deberes de cada una de las administraciones y que deja claro que estas obras son competencia del Gobierno de España tanto en su ejecución como financiación.

El portavoz, mostró su extrañeza por el hecho de que “de manera permanente” hay una relación entre Junta de Andalucía y el Gobierno para afrontar la sequía y las infraestructuras hídricas, que ha concretado en el ejemplo” por lo que no entiende esta información difundida desde el Miteco. Así, se preguntó por la actitud del Estado. “Por qué ese interés en confundir a los ciudadanos sobre las competencias de unos y otros”, afirmó el consejero, que expresó sus temores de que se hace para “desinformar”, antes de reiterar que “no es competencia de la Junta” hacer las desaladoras, de manera que “la construcción es de ellos”.

La semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicaba el escenario de las desaladoras para afirmar que “Andalucía se ha dirigido al Gobierno de España, nos ha pedido apoyo y les hemos dicho que aquí estamos para apoyarles” acerca de que “nos han pedido dos nuevas desaladoras”. Para estos proyectos reclamó previamente que la Junta ponga a disposición los terrenos y la entrega de los proyectos, mientras que el Miteco se ocuparía de su licitación.

“En Cataluña y Andalucía les hemos dicho que nosotros nos hacemos cargo del anticipo de financiación y la licitación y ejecución de las obras”, siguió afirmando al respecto. “Una vez que (las desaladoras) estén culminadas, se entregarán en su caso para la gestión a la comunidad autónoma y las integraremos en la red de desaladoras de gestión del Estado, de mutuo acuerdo”.

Todo esto llega en un escenario de sequía extrema, con los embalses en la peor situación en años y mientras se buscan alternativas a unas restricciones que ya se aplican en más de medio centenar de localidades de Andalucía. El próximo lunes se aprobará el cuatro decreto contra la sequía, mientras se buscan otros aportes como los que se consiguen mediante las desaladoras o incluso con unos trasvases entre cuencas.