Flor de Torres: "No podemos exigirle a una víctima de violencia de género que declare como nosotros queremos"

Flor de Torres (Almería, 1961) fue nombrada en 2004 Fiscal Delegada de Violencia contra la Mujer de Málaga y desde 2010 es Fiscal Delegada de Andalucía. Ha colaborado en diversas iniciativas en materia de igualdad en países como Marruecos, Guatemala, Bolivia y Argentina. Es profesora honoraria del Departamento de la Universidad de Málaga, con la que colabora en proyectos de investigación relacionados con la violencia de género. En 2019 recibió el Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, entre otros muchos galardones por su labor en favor de la igualdad, como el Premio Meridiana y la Medalla de Andalucía.

–Andalucía lidera el triste ranking de víctimas mortales con 10 mujeres asesinadas en lo que va de año, 9 en 2021 y 7 hace una década. ¿Cómo leen estas estadísticas desde su Fiscalía?

–Realmente, también es la comunidad más poblada pero, en cualquier caso, toda víctima es un fracaso social, y el que haya habido 10 víctimas hasta el momento, desde luego, nos hace pensar en que la prevención es un camino que tenemos que seguir transitando porque la mayoría de las víctimas que han sido asesinadas no habían pasado por instancias judiciales.

–¿Podría hacerme un balance del año de su fiscalía? ¿Se ha marcado alguna tendencia especial?

–Nosotros hemos pedido siempre la reforma de ese nefasto artículo que es el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se dictó en el siglo XIX y que tenía una difícil convivencia con la magnífica Ley Integral. Este artículo se reformó el pasado año de tal suerte que las víctimas que hayan interpuesto denuncia, aunque la retiren, tienen la obligación de declarar pero, ¿qué está ocurriendo?, que volvemos a cargar a las víctimas con el peso donde pivota toda la prueba del procedimiento. La víctima tiene que declarar y, en muchas ocasiones, recurren al olvido para evitar que los maltratadores ingresen en prisión o surjan sentencias condenatorias. Esto me hace pensar que tenemos que trabajar con las víctimas mucho más en la fase previa y desde el punto de vista psicológico, empoderarlas para que estén fuertes en ese difícil tránsito que supone un proceso. Hay que incidir también en que los tiempos de las víctimas no son los tiempos de la justicia. Cada víctima tiene su tiempo, mide sus pasos y no podemos exigirle a una víctima que declare como nosotros queremos, como ministerio fiscal, que declare, sino previamente trabajar con ellas y tener muchísima empatía.

–Hay estadísticas que hablan de un preocupante ascenso de la violencia de género entre los jóvenes y menores, ¿es así?

–Sí, sí, porque existe un coctel bastante peligroso que es menores y redes sociales. La forma de relacionarse de nuestros jóvenes a través de estas redes provocan una doble vía, es decir, mientras que existe la situación de pareja todo parece idílico, pero cuando esa pareja termina, las menores sufren una auténtica victimización digital. Son acosadas, vejadas, incluso, existen situaciones de ofrecimiento con fotos en páginas de contactos sexuales. Hay que insistir a las menores en que no es ninguna prueba de amor entregar claves y contraseñas a sus parejas porque eso siempre pasa factura. El lado bueno es que todos los delitos que se cometen por las redes dejan una huella y, por tanto, nos facilita mucho la prueba en cada proceso judicial.

–¿Los menores que se crían con el maltratador de sus madres también están más expuestos a repetir esa conducta?

–Eso está estudiado empíricamente. La mera exposición, simplemente como testigos, de los menores a la violencia que recibe su madre ante su padre va a producirles una victimización inmediata de forma que los hijos de padres maltratadores tienen más posibilidad de desarrollar su vida en pareja en relaciones asimétricas donde la violencia de género, es decir, lo que han aprendido, está muy presente. Pero, fíjese qué contrasentido, las hijas que están expuestas a esas mismas violencias se van a situar en situaciones de pareja desigualitarias donde posiblemente desarrollará la condición de víctima de violencia de género en un futuro. Y un dato que le aporto, la Ley Integral ya tiene un largo recorrido y estamos viendo no sólo que los maltratadores reinciden sino que hijos de esos maltratadores están viniendo ya a los juzgados.

–¿Hay falta de especialización en la justicia que repercute en una doble victimización de la mujer?

–Yo personalmente no he sido testigo de la materialización de ese discurso. Desde el año 2005 en el que empezó la Fiscalía de la Violencia sobre la Mujer tenemos una especialización, pero la especialización no la da un curso, nos la da una especialización continua de la Fiscalía General, del Consejo General del Poder Judicial, y el propio desarrollo interno de cada compañero con una herramienta que es magnífica para trabajar la violencia de género, es más si no tiene, es mejor no trabajar con violencia de género, y es la herramienta de la empatía.

–¿Hay confianza, entonces, por parte de las mujeres en el sistema judicial?

–Yo quiero pensar que sí, si no ser así hablamos de un auténtico fracaso social. Además, todas las reformas legislativas van por ese camino, de facilitar la cercanía a las víctimas en los procesos pero no sólo cercanía judicial sino una protección absolutamente integral. Somos muchísimos profesionales, no solamente juristas, los que estamos pendiente de la víctima en cada suspiro del proceso.

–Este diciembre se cumplen 25 años del asesinato de Ana Orantes, ¿qué supuso socialmente y jurídicamente?

–No hay que olvidar nunca a Ana Orantes porque marcó un antes y un después. A partir de Ana Orantes socialmente vimos lo que era la violencia de género, periodísticamente se nos mostró la cara de la violencia de género a través de ese magnífico programa que realizó Irma Soriano en De tarde en tarde. Esto ocurrió en el año 97, fíjese sólamente habría que esperar 7 años, y digo sólamente después de leyes de espalda a las víctimas, para que se legislara la ley más pionera en Violencia de Género en todo el mundo. El motor de esa ley fue Ana Orantes. Fue, sin duda, una heroína a la cual le debemos todo en esta sociedad.

–¿Otros casos mediáticos como el de Juana Rivas o La Manada han transformado también la mirada social y la jurídica?

–Bueno es que el caso de La Manada, aunque nos cueste comprender, en su momento no fue un caso de violencia de género porque no había una relación de pareja entre los agresores sexuales y la víctima. Pero sí es verdad que las leyes siempre vamos detrás del clamor social que exige cambios en la legislación para adaptarnos y armonizarnos con el nuevo sentir de las víctimas. Yo recuerdo cuando empecé en la Fiscalía, las víctimas estaban muy ocultas en el proceso, no tenían una entidad propia y, fíjese que revolución ha ocurrido desde la Ley Integral o de la magnífica Ley Integral Andaluza, de la que se habla muy poco y también es una ley pionera porque está alumbrando el camino que tenemos que seguir, el camino del Convenio de Estambul. Y ese es el camino, seguir trabajando bajo el sol de esta magnífica ley andaluza. Conceptos como mutilación genital femenina, matrimonios forzosos, agresiones sexuales, feminicidios, crímenes de mujeres en tiempos de guerra... Todo eso es el paraguas que sirve para estar al servicio de las víctimas y no tiene por qué, necesariamente, estar constreñida a una relación de pareja, sino que sufrir violencias por el hecho de ser mujer ya te cataloga como víctima de violencia de género, ojo, sólo en Andalucía.

–La ley conocida como Sí es Sí, ¿es tan dañina para las víctimas como se nos viene contando?

–Tal vez, la única herramienta que se ha demostrado eficaz en la lucha contra la violencia sobre la mujeres es la ley integral, y ésta lo es. Así que, además de remitirme a la nota de servicio de la Fiscalía General del Estado que recibimos el 21 de noviembre, también me remito a la parte tan magnífica que tiene esta ley que es el desarrollo integral a las víctimas y a una novedad, de la que tampoco se habla, y es que esta ley converge con el Convenio de Estambul porque lleva a todos los delitos de agresiones sexuales, aunque no sean pareja, solamente a quiénes seamos especialistas, es decir, a fiscales y a jueces de violencia de género. Ya solamente esto va a suponer una revolución, además que es donde deben estar estos delitos porque, como usted decía, estas mujeres podrían sufrir algún tipo de victimización institucional.