La Fiscalía reclama limitar el plazo para la ejecución de las sentencias

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, acudió ayer al Parlamento andaluz para reclamar a la Junta la inversión necesaria para ejecutar la reforma de las oficinas fiscales y, al mismo tiempo, instar a una modificación de la legislación estatal que permita acotar en el tiempo tanto el proceso de instrucción de los casos como el de ejecución de las sentencias. La reforma legal, insistió, debe iniciarse de forma urgente ante una ley procesal que data de 1881. "El sistema tiene grandes carencias que así podrían ser subsanadas", expuso el fiscal en un discurso en el que no mencionó lo ocurrido con el caso de la niña onubense Mari Luz Cortés, pero que planeó sobre buena parte de su intervención. García Calderón reconoció ante los parlamentarios las "disfunciones y graves deficiencias"en el sistema judicial, lo que puede llevar a la "sensación de fracaso". El representante del Ministerio Público, no obstante, eludió hablar de la "descalificación global" del sistema.

El fiscal se presentó ante la Comisión de Justicia para presentar la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía donde se refleja una situación estable en cuanto al nivel de criminalidad, con 999.088 procedimientos penales iniciados a lo largo del año 2007, lo que supone un "ingente volumen de trabajo".Consideró, no obstante, una buena noticia el aumento de casos relacionados con medio ambiente, seguridad vial, siniestralidad laborales o violencia de género, lo que atribuyó al trabajo de los fiscales especializados que permite perseguir con más eficiencia estos delitos. El fiscal avanzó un aumento de las instrucciones en los primeros meses de 2008, aunque no llegó a precisar la cifra.

Sí hizo un llamamiento el fiscal superior al Ejecutivo andaluz ante la carencia de medios que sufre la Fiscalía y que en ocasiones, dijo, llega a ser "angustiosa". "Aquí debe haber una labor importante del Gobierno andaluz que, a través de nuevos instrumentos electrónicos, nos permita conocer de forma ágil la labor de las 26 sedes del Ministerio Público". Solo así, añadió, podría ejecutarse con eficiencia la labor inspectora que también tienen encomendadas los fiscales.

Ante este discurso, la portavoz del PSOE, Pilar Navarro, expuso que "aunque todo servicio público necesita de medios", aunque consideró que las necesidades del sistema judicial no deben considerase como "acuciantes". "Andalucía es una de las comunidades más amplias y que más medios necesita, pero no quiere decir que estemos peor que otras", afirmó. Un tono bien distinto utilizaron los portavoces de los grupos en la oposición. Carlos Roja, del PP, reclamó que el ajuste presupuestario no afecte a la justicia, mientras que José Luis Sánchez Gordillo (IU) habló del sistema como "un elefante torpe".