La Fiscalía advierte de que la pandemia “no justifica” las contrataciones exprés de interinos de la Junta

Las contrataciones exprés puestas en marcha por el Gobierno andaluz para atajar las necesidades derivadas de la pandemia están bajo la lupa de la Fiscalía provincial de Sevilla. El Ministerio Público, en unas diligencias puestas en marcha a partir de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) advierte que la situación de crisis provocada por el Covid-19 “no justifica” que se adjudiquen plazas como interino “sin tener en cuenta los méritos de los participantes y estableciendo la adjudicación exclusivamente por el orden de entrada de la petición”.

Esta es la fórmula de contratación que ha seguido el Gobierno de la Junta desde junio en alrededor de una veintena de procesos amparados en dos decretos y dos resoluciones que permiten la incorporación de empleados públicos de forma ágil para atender las necesidades derivadas de la pandemia. Inicialmente, el proceso estaba pensado para personal sanitario y de residencias, pero se utilizó con otras categorías distintas, como administradores de gestión financiera o técnicos forestales.

En las distintas denuncias presentadas por el SAF ante tribunales de lo Contencioso-Administrativo, el sindicato pedía medidas cautelares que fueron denegadas. La Fiscalía defiende esta postura por el “carácter urgente” de las contrataciones. No obstante, el Ministerio Público considera que esta necesidad “no justifica que con carácter definitivo se consolide una situación laboral en la esfera pública sin contar con los méritos de la persona”.

“Se trata de un atentado al derecho de igualdad de acceso a la función pública”, apunta el fiscal en su escrito, en referencia a la decisión de la Junta, que estableció que el orden de llegada de las solicitudes sería determinante en la adjudicación del puesto. Cuando la Junta puso en marcha estos procesos, los correos incluso llegaron a colapsarse y la Administración tuvo que ampliar el plazo que, inicialmente, era de 24 horas.

Este plazo es el que ha imperado en todas las convocatorias realizadas por la Junta desde que puso en marcha el procedimiento de contratación, utilizado también con los 3.000 auxiliares de playa que controlaron que las medidas para evitar el contagio se cumplían en los arenales de la comunidad. En su escrito, el fiscal defiende que no pueden admitirse "procesos de selección en los que no se tenga en cuenta mérito alguno.

Si el Ministerio Público utiliza el mismo criterio en el resto de diligencias generadas por las denuncias del SAF, las contrataciones de la Junta quedarán bajo investigación. No ocurre lo mismo con las denuncias presentadas por otros sindicatos u organismos por la vía penal, en algunas ocasiones directamente contra los miembros del Gobierno andaluz responsables de estas contrataciones.

El Ejecutivo, a raíz de la contestación que ha recibido este método de contratación, ha alegado que se trata de fórmulas legales, aprobadas en el Parlamento y negociadas con los sindicatos de la mesa sectorial de la Administración general. Desde el SAF aseguran que esta afirmación no es cierta, ya que la negociación resultó en la articulación de un método "ágil" para incorporar personal necesario, pero esto no incluye que las incorporaciones se realizaran por orden de llegada de los correos electrónicos de solicitud del puesto que cumplieran con los requisitos, en muchos casos básicos, asociados a la oferta.