La Fiscalía abre un nuevo frente judicial por fraude en las ayudas concedidas por los consorcios de Empleo

Sevilla/Una nueva causa relacionada con un presunto fraude en la concesión de ayudas para el fomento del Empleo otorgadas por la Junta de Andalucía y un nuevo escándalo que irrumpe en plena campaña de las elecciones andaluzas. La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia por delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación, relacionados con la concesión de subvenciones por parte de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), así como por las ayudas que por importe de 5.846.298 euros se concedieron a estos consorcios "sin un soporte legal" que lo permitiera una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la extinción de estos consorcios el 27 de julio de 2010.

Según han informado este viernes fuentes de la Fiscalía hispalense la denuncia del Ministerio Público ha recaído en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que dirige el magistrado Carlos Mahón, quien ya ha abierto unas diligencias previas y ha iniciado la investigación de esta nueva causa.

La denuncia del Ministerio Público se basa fundamentalmente en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que constató que por parte de las Utedlt "no se ha justificado suficientemente el empleo de las subvenciones recibidas para el pago de los salarios", fundamentalmente a los Agentes Locales de Promoción y Empleo (Alpes), sin que "tampoco se haya acreditado que por parte de los Alpes se hayan realizado los trabajos que justificarían el cobro de los salarios subvencionados".

La Fiscalía destaca igualmente que tampoco se ha acreditado suficientemente que las Utedlt que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden de 21 de enero de 2004, al amparo de la cual el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedía las ayudas, y que fue modificada por otras órdenes de 22 de noviembre de 2004, 16 de septiembre y 9 de noviembre de 2005 y 17 de julio de 2008.

A partir del año 2009 no se suscribieron los contratos-programa de las Utedlt, que eran los documentos donde se fijaban los objetivos a cumplir y "a pesar de eso las Utedlt cobraron subvenciones por incentivos", lo que representa que "se habrían superado unos objetivos que no se habían fijado". Estas subvenciones, que la Fiscalía no cuantifica en su denuncia pero que pueden ser millonarias, fueron concedidas por la Dirección General de Calidades de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE.

Estos hechos, en caso de confirmarse, podrían ser constitutivos de un delito de fraude de subvenciones del artículo 307 del Código Penal, así como de malversación de caudales públicos (artículo 432) y de prevaricación (artículo 404).

Además de este primer bloque de hechos presuntamente delictivos, la Fiscalía hace referencia a una segunda cuestión relacionada con la extinción de los consorcios Utedlt, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta el 27 de julio de 2010. En este punto, la denuncia hace hincapié en que "para hacer efectivo el compromiso de financiación de los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales", el SAE concedió con cargo a una aplicación presupuestaria y mediante resolución de la dirección de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo de 11 de diciembre de 2012 subvenciones de carácter excepcional que se otorgaron "sin un soporte legal que lo permitiera y que ascendió para el conjunto de las Utedlt a la cantidad de 5.846.298 euros". En este caso, la Fiscalía hispalense considera que pueden haberse producido delitos de prevaricación y malversación.

Las Utedlt son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia participadas por el SAE y las corporaciones municipales y supramunicipales, y sus funciones consistían básicamente en promover la creación de empleo y facilitar a los ciudadanos su comunicación con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta con la finalidad de la creación de puestos de trabajo.

La Utedlt están reguladas en una orden de la Consejería de Empleo y los gastos se sufragaban con las subvenciones que concedía el SAE al amparo de la mencionada orden de 21 de enero de 2004, que fue modificada en varias ocasiones en los años siguientes.

La Cámara de Cuentas fiscalizó las subvenciones concedidas y la forma de disolución de cuatro de las Utedlt de la provincia de Sevilla: las de Alcalá de Guadaíra, Bajo Guadalquivir, Sierra Norte y Tierras de Doñana en el periodo comprendido entre 2010 y 2012.

Las Utedlt estaban formadas por una estructura básica constituida por el director del consorcio y el personal técnico y administrativo, y una estructura "complementaria", integradas por los Agentes Locales de Promoción y Empleo.

La financiación de estos consorcios se realizaba mediante subvenciones otorgadas por el director provincial en Sevilla del SAE y por el director general de Calidades del Servicio y Programas para el Empleo del SAE. A partir de 2009, el personal técnico y administrativo a efectos de retribución pasó a depender de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y a partir de ese momento las subvenciones concedidas a las Utedlt serían “fundamentalmente” para efectuar el pago de los salarios de los salarios de los directores y de los Alpes, así como para pagar los “incentivos por resultados” a estos dos grupos.