La Fiscalía pide 10 años de cárcel para cinco ex altos cargos por los contratos “fantasma” con la empresa Umax

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social imputados en el caso de los ERE –Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera-, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores del “círculo de amigos y familiares” de Javier Guerrero a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento de contratación”.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades “indebidamente percibidas desde el año 2003 al año 2010”, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la dirección general de Trabajo desde 2007 a 2010.

El Ministerio Público ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye a los seis acusados -también acusa al dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.500 euros- delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Los otros dos ex altos cargos procesados son los ex secretarios generales técnicos Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

La Fiscalía sostiene que todos los acusados "se pusieron de acurdo con el fin de facilitar la contratación de la entidad Umax, a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la dirección general de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían los requisitos para ello".

Además, los pagos derivados de este tipo de contratación se realizaron “bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados”.

En su escrito, recoge el fiscal que se ha podido comprobar que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta de Andalucía, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va del año 2003 hasta el 2010”, y l tipo de funciones debió desempeñarse en régimen similar asimilable de los funcionarios en cuanto a horario de trabajo, presencia en el puesto, dependencia jerárquica y supervisión superior.

Además, se había pactado que la retribución se obtenía del resultado del coste de los suelos de los trabajadores "más un porcentaje que nunca era inferior al 20%". El fiscal recoge que en el año 2007 el coste salarial de los trabajadores adscritos a los servicios contratados ascendió a 338.040,02 euros; en 2008 fue de 322.203,42 euros; 221.936,65 en 2009 y 141.408,06 en 2010; con lo que el importe total asciende a 1.550.114,67 euros.

El Ministerio Público destaca que la adjudicación del contrato se había producido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, previo acuerdo entre todos los acusados” y añade que “no existe ningún contrato que tenga como objeto la puesta a disposición del personal de la entidad Umax para el ejercicio de las actividades que en cada momento fueran requeridas por la antigua Consejería de Empleo”.

La acusación de la Fiscalía se produce después de que en marzo de 2016 la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, dictara un auto que puso fin a la instrucción y ordenó seguir las actuaciones contra los cinco ex altos cargos –además de los ex directores están imputados los secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina- y contra el administrador único de Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado Gómez.

La investigación se inició precisamente tras recibir la Junta dos escritos de 9 de marzo y 6 de agosto de 2012 por parte del administrador de Umax, en el que solicitaba la “convalidación del gasto, reconocimiento extrajudicial del crédito y reconocimiento de deuda por importe de 1.550.114,67 euros”.

Según la empresa, esta cantidad obedece a “impagos entre los años 2007 y 2010, derivados de la prestación de servicios por parte de la citada entidad, que puso a disposición de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, a sus trabajadores para prestar servicio en la sede de la Consejería de Empleo, desarrollando tareas que requirieron los directores generales y secretarios generales técnicos, pues al parecer era necesaria la materialización de algunas actividades”.

La juez recordaba que el objeto social de Umax es el “asesoramiento, formación y consultoría en general y ésta se constituye en el año 2003”, aunque después se modifica por el de “fabricación, montaje, instalación y venta de productos informáticos”.

El auto indicaba que desde el año 2003 Umax prestaba sus servicios a la dirección general de Trabajo y la retribución que obtenía se cifraba en el “coste de los sueldos de sus trabajadores, que prestaban sus servicios en exclusiva para la dirección general, más un porcentaje nunca inferior al 20%”.

Los pagos se produjeron hasta el año 2007 y los trabajadores prestaron servicio hasta 2010, cuando son despedidos, aunque la “mayoría fueron contratados inmediatamente” en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y en 2011 algunos de ellos pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde continúan prestando servicio.

En 2012, la secretaría general técnica de la Consejería de Economía desestimó el abono de la cantidad reclamada por Umax porque la adjudicación del contrato se realizó “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, no constando la existencia de tramitación de ningún expediente de contratación con tal objeto, resolución que no consta que haya sido impugnada por Umax, aunque sí aportó copia de las nóminas de la totalidad de los trabajadores adscritos al trabajo impagado y que reclamaba”, añade la juez.

El auto de la instructora detallaba que en el curso de las investigaciones ha quedado acreditada, “al menos indiciariamente, la realidad de la prestación contractual cuyo precio reclama Umax, prestación contractual sin la previa tramitación de un expediente de contratación pública, existiendo contratación verbal consistente en la puesta a disposición de trabajadores" y añade que de las mismas se deduce que "al menos 44 trabajadores fueron contratados por Umax, la mayoría cercanos al círculo de amigos y familiares de Javier Guerrero, en aquel entonces director general de Trabajo y Seguridad Social". Los trabajadores de Umax “siempre prestaron sus servicios” en la Consejería de Empleo.

En el año 2003 se le realizó un pago a Umax por parte de esta Consejería de 11.719,73 euros en concepto de “datos de cursos envío Inem” y en 2004 hubo otros 11 pagos por importe de 126.655,21 euros; 11 pagos en 2005 por otros 144.218,96 euros; y en 2006 Empleo realizó otros seis pagos por valor de 89.491,02 euros, mientras que el Servicio Andaluz de Empleo abonó 214.626,13 euros. También hay distintos pagos realizados en 2007, 2008, 2009 y 2010.

En junio de 2013, la juez Mercedes Alaya decidió no incluir la investigación de Umax Informática y Consultoría en alguna de las macrocausas, porque entendió que los hechos no guardan relación con el caso, si bien apuntó que la Junta había denunciado la “supuesta concertación de la Dirección General de Trabajo con Umax para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos”.