La Fiscalía no recurre que Alaya investigue las empresas públicas

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir el auto de la juez Mercedes Alaya que, en diciembre pasado, acordó ampliar la macrocausa de los ERE a todas las empresas públicas de la Junta que podrían haber utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación, el mismo por el que se pagaban las ayudas sociolaborales.

La decisión del Ministerio Público de no recurrir se produce después de que esta misma semana la instructora rechazara la "aclaración" del auto que había pedido el fiscal, aunque la magistrada sí accedió a ampliar los argumentos de su resolución. Alaya insistió entonces en que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tenía conocimiento del fraude de los ERE.

Tal y como afirmó en la reciente exposición razonada enviada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada volvió a poner de manifiesto que el Consejo de Gobierno tenía "indiciario conocimiento del uso generalizado" de las transferencias de financiación y lo hizo en el auto en el que ratificaba su decisión de investigar a todas las empresas públicas de la Junta, a pesar de que hay otro juzgado de Sevilla -el de Instrucción número 16- que mantiene abiertas nueve investigaciones a sendas empresas públicas, entre ellas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa.

La Fiscalía Anticorrupción pidió precisamente a la juez una "aclaración" del auto en el que extendió la macrocausa a todas las sociedades públicas, pero la instructora respondió al Ministerio Público que dicha aclaración "no procede" aunque sí decidió ampliar el razonamiento que le había llevado a reclamar a la Junta la entrega de los expedientes íntegros de los programas de Control Financiero Permanente de los años 2005, 2006 y 2007, así como los informes adicionales de la memoria que hubiera efectuado la Intervención General.

Al igual que ocurrió cuando ordenó a la Policía Nacional que no interfiriera las pesquisas que la Guardia Civil estaba realizando en la causa de los cursos de formación -una decisión que luego rectificó al asegurar que sólo se estaba refiriendo a aquello que pudiera afectar a su investigación-, la magistrada ha intentado ahora matizar su anterior resolución. Aunque Alaya parte de que en su anterior auto no hay ningún "concepto oscuro", señala que la ampliación de las pesquisas al uso de las transferencias de financiación por las empresas públicas de la Junta se solicitó "sólo a los efectos de la presente investigación".

Dice Alaya que la aportación de los informes adicionales que haya realizado la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias en otras empresas de la Junta "resulta útil y necesaria" para constatar el alcalde sobre el uso de esta partida presupuestaria para la realización de encargos y subvenciones excepcionales, pues "tal uso fue evidenciado en los presupuestos anuales realizados por la Intervención" sobre las actuaciones de fiscalización permanente en estas empresas entre los años 2005 y 2007, las cuales "fueron elevadas a la Consejería de Hacienda, y por ésta al Consejo de Gobierno, quién aprobó tales actuaciones".

Alaya considera que esto "ya por si solo pondría de manifiesto el indiciario conocimiento del uso generalizado de las transferencias por parte del consejero de Hacienda y altos cargos de dicha Consejería, así como por el Consejo de Gobierno". La magistrada añade que conociendo el contenido del informe adicional elaborado por la Intervención General respecto a la agencia Idea, "resulta de especial trascendencia conocer los informes adicionales que se hubieran elaborado respecto de estas otras empresas, razón por la que se solicitó a la Junta de Andalucía la aportación de dicha documental".

En el auto, la juez insiste en requerir a la Administración autonómica para que, en el plazo de cinco días, entregue la documentación reclamada en su auto del pasado 23 de diciembre, y una vez que reciba esa documentación, se pronunciará sobre la solicitud del PP para que vuelvan a declarar el ex interventor de la Junta Manuel Gómez, como imputado, y la ex interventora Rocío Márquez, ésta en calidad de testigo.

La representación legal de la Junta recurrió ante la Audiencia de Sevilla el auto de la magistrada ampliando la investigación a las empresas públicas, al entender que pueden dar lugar a una "causa general" y que supone un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos.