Fernández tiene "muchas ganas" de ir a la comisión de los ERE tras salir de prisión

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández confirmó ayer que acudirá a la comisión de investigación que celebrará el Parlamento andaluz a partir del 21 de agosto sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas procedentes del fondo de los ERE. Fernández tiene "muchas ganas" de acudir a la comisión, comparecencia que descartó si continuaba en prisión al considerar "injusto" que su presencia derivase en un "espectáculo personal", comentó ayer el propio Fernández a esta redacción.

El ex consejero se encuentra visiblemente más delgado desde que el pasado mes de abril ingresara en prisión por orden de la magistrada que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tras un maratoniano interrogatorio. El pasado 12 de julio la Audiencia de Sevilla fijó una caución de 450.000 euros, cantidad que en la noche del viernes depositó para abandonar el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) alrededor de las diez de la noche.

Ayer su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, explicó que desde el 12 de julio hubo un "goteo incesante de cientos de pequeñas aportaciones de amigos, conocidos y ciudadanos anónimos" que finalmente alcanzaron los 450.000 euros "en efectivo", como había exigido la Audiencia.

Martínez del Hoyo afirmó que el consejero de Empleo entre 2004 y 2010 desea "descansar, recomponer las piezas" de su vida y "empezar de nuevo" después del "inconmensurable daño causado a su presunción de inocencia" por su encarcelamiento y después de "haberse visto despojado de posibilidades que antes tenía" como el puesto de trabajo que perdió como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.

El abogado añadió en declaraciones a Efe: "Sostengo, como siempre he sostenido, que el ingreso en prisión de Antonio Fernández fue una decisión absolutamente injusta y desproporcionada".

Fernández cumplió 56 años en julio pasado, estando en prisión. El ex consejero se encuentra entre las 60 personas imputadas por el caso de los ERE fraudulentos, entre los que hay intrusos que nunca trabajaron en las empresas, abogados, mediadores y siete ex altos cargos de la Junta. Fernández se convirtió en el primer consejero de la Junta de Andalucía que ingresó en prisión, donde aún se encuentra el que fuera durante diez años el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Fernández está citado el próximo 24 de agosto en la comisión de investigación creada por el Parlamento andaluz y su abogado recordó que siempre se declaró "dispuesto a colaborar cuando se dieran las condiciones mínimas" como eran acudir libre y no esposado y custodiado por la Policía.

"Hacer el paseíllo en esas condiciones era una lesión en su derecho a la propia imagen, añadido a la vulneración de otros derechos fundamentales", por lo que se trataba de una "situación insoportable", según su abogado.

El vicepresidente de la Junta y coordinador general de IU, Diego Valderas, confió ayer en que la puesta en libertad signifique un "paso positivo que pueda permitir que las condiciones de trabajo de la comisión de investigación se hagan en su mayor plenitud".

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, instó ayer a Fernández comparezca para "colaborar al cien por cien" en esclarecer los hechos aportando "todos los datos".

Con la libertad de Fernández solo quedan en prisión el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que podría quedar libre si reúne 250.000 euros, y su chófer Juan Francisco Trujillo, perceptor de 1,3 millones de euros en ayudas para empresas inexistentes, para quien la juez fijó una caución de 150.000 euros.

La Audiencia de Sevilla decretó la libertad bajo fianza de Fernández porque, al estar imputado desde un año y medio antes de su comparecencia ante la juez, no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, si bien fijó su fianza en 450.000 euros teniendo en cuenta la "extraordinaria cuantía" de la responsabilidad civil de 807 millones de euros que le imputó la juez instructora.