Fernández paga la fianza de 450.000 euros impuesta por la juez y deja la cárcel

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández salió ayer de prisión. Finalmente consiguió reunir los 450.000 de fianza fijados por la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y abandonó el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla), a donde llegó el pasado abril después de un maratoniano interrogatorio. El juez de vigilancia penitenciaria ordenó la libertad del ex alto cargo de la Junta, el primero encarcelado por presunta corrupción en los treinta años de historia de la Junta de Andalucía, una vez confirmado el pago de la fianza impuesta por la instructora de la causa.

Fernández dejó su condición de recluso alrededor de las diez de la noche, cuando fue recogido por su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. De la prisión se trasladó a su domicilio, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Fernández ha conseguido salir de la prisión después de hacer frente a una fianza que se ha obtenido a base de un "goteo" de aportaciones de militantes socialistas, sindicalistas de base -Fernández tiene un estrecho vínculo con UGT desde sus comienzos en política- y amigos, según reveló Martínez del Hoyo, que subrayó la solidaridad mostrada con su defendido en las cuentas bancarias abiertas para reunir los 450.000 euros. Fuentes del partido socialista Jerez informaron de que los últimos 10.000 euros se completaron al mediodía de ayer.

La salida de Fernández de la cárcel incidirá de manera muy distinta sobre la comisión parlamentaria que investigará en la Cámara autonómica la trama de los ERE, ya que el ex titular de Empleo cambiará su intención de no acudir, tal como anunció anteayer su abogado. Fernández aludía a "una lesión añadida a su derecho a la imagen" para no comparecer después de hacer "el paseíllo esposado o custodiado por la Policía". Ahora, una vez en libertad, quien fue enviado a prisión por haber provocado el despilfarro continuado de los fondos públicos y propiciado el "enriquecimiento injustificado para unos y el empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma", según el auto de la juez Alaya, sí se presentará ante los parlamentarios designados por PSOE, PP e IU para indagar en los entresijos del escándalo de los ERE. Fernández, que está citado para el próximo día 24, responderá a la citación de la comisión "dispuesto a colaborar", aseguró Martínez del Hoyo.

El pasado mes de abril, Alaya justificó el encarcelamiento preventivo de Fernández por el riesgo de fuga, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y las penas que podrían imponérsele, que sólo en el caso de la malversación continuada se dispara a 18 años. Alaya acusa al ex consejero de concentrar ayudas directas a empresas por la "sola razón de que pertenecían al ámbito político del PSOE andaluz" y también lo señala como el máximo responsable de autorizar un "desvío de fondos" a las entidades que tramitaban las pólizas y cobrar "importantísimas comisiones".

Alaya considera que con Fernández al frente de la Consejería de Empleo, y también durante su periodo anterior como segundo de ese departamento, se concedieron 1.131 ayudas irregulares por un importe total de más de 477 millones de euros, de las cuales 837 eran ayudas sociolaborales, a las que se destinaron 395 millones, y las 294 restantes a ayudas directas a empresas por valor de 82 millones. Para la juez, Fernández era perfectamente conocedor de que se estaba incumpliendo el artículo 38 [ahora 39] de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía.