Fernández asegura que Guerrero tenía "suficiente libertad" para decidir la cuantía de las ayudas "sobre la marcha"

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández se ha desvinculado este martes, en su segunda declaración en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, sobre la gestión concreta de las ayudas bajo sospecha, al afirmar que el entonces director de Trabajo Javier Guerrero tenía la "suficiente libertad", "discrecionalidad" y la "responsabilidad de la gestión" para decidir "sobre la marcha" la cuantía de las subvenciones que se acordaban.

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado si dio alguna orden al director general de Trabajo y principal imputado Javier Guerrero para que se abonase una ayuda solicitada por el Ayuntamiento de Chiclana cuando era alcalde el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, a lo que Fernández respondió de la forma más contundente que su perjudicada voz le ha permitido. "Nunca le he dado una orden a Guerrero para que conceda una ayuda", ha afirmado Fernández, a quien el fiscal le ha mostrado una carta relacionada con esta ayuda, enviada por él mismo al director de Trabajo, en la que se recoge literalmente que "se le apruebe la subvención que solicita al igual que en otros casos similares".

Fernández ha dicho también que "no ha recibido nunca peticiones de empresarios sobre supuestos compromisos del director general", en las que le reclamaran o solicitaran esas ayudas, y ha destacado que Guerrero "no le consultó" su opinión sobre cantidades concretas de las ayudas, porque él "despachaba las líneas generales y dos crisis y dos plantillas afectadas no son iguales. El quantum lo decide el director general sobre la marcha", ha asegurado Fernández.

El que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010 ha hecho hincapié en la autonomía que tenía Guerrero para establecer la cuantía de las ayudas sin consultar al consejero. "Lo hace bajo su responsabilidad de gestión, tenía suficiente libertad para saber cómo tenía que hacer su trabajo", ha indicado Fernández, que ha añadido que en su época como consejero, el director de Trabajo funcionaba "con absoluta libertad y discrecionalidad" y la gestión de los expedientes quedaba bajo su "responsabilidad", quedando al margen del viceconsejero o del consejero esa gestión, que era "exclusiva" del director de Trabajo.

El fiscal ha pedido que se le exhiba una carta que Fernández envió al entonces director de IDEA en noviembre de 2003, relacionada con las ayudas de la Faja Pirítica, en la que el acusado refiere literalmente que el pago debe hacerse "con cargo al programa de Javier Guerrero".

Fernández ha dicho que "no tiene conciencia" de que el director de Trabajo incluyera a personas "ajenas" a lo que contemplaba la norma, que estuviesen desvinculadas de los procesos de reconversión industrial.

El ex consejero ha explicado, de otro lado, que los "grandes conflictos" laborales que se sucedieron en aquella época eran conocidos por el Gobierno de la Junta, que "reflexionaba y trataba de hacer una política de amortiguación de los graves efectos perjudiciales que producían", como los casos de Santana Motor en Linares o Delphi en Cádiz. "Los gobiernos responsables reflexionábamos y dábamos una respuesta lo más global posible", ha precisado.

El fiscal también le ha preguntado por una reunión celebrada en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, el 20 de mayo de 2004, a la que asistieron el presidente Manuel Chaves, el propio Antonio Fernández y los dirigentes de las organizaciones sindicales Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, para tratar el problema de la empresa A Novo Comlink, sobre la que el acusado ha dicho que en las reuniones en las que participaba el presidente normalmente "no se cierran compromisos concretos de ayudas, no se suele concretar ninguna petición".

El representante del Ministerio Público también le ha preguntado si, cuando era viceconsejero de Empleo, vio al consejero José Antonio Viera dar alguna instrucción al director general de Trabajo Javier Guerrero sobre cómo, cuanto o en qué supuestos se podían conceder las ayudas, a lo que Fernández ha respondido que "nunca" escuchó a Viera dar ese tipo de instrucciones. El acusado ha explicado que los requisitos para acceder a las ayudas consistían en haber perdido el puesto de trabajo "de manera irreversible" y ser mayores de 55 años, y en el caso de las empresas que éstas fueran susceptibles de "mantener la viabilidad", y ha añadido que siempre se hacía una "distribución justa" de las ayudas.

En el caso de los trabajadores, la condición era que cada trabajador tenía que hacer su "póliza de seguro", pero en este sentido ha aseverado que la Consejería de Empleo "nunca" eligió a las compañías aseguradoras, porque éstas "siempre han sido seleccionadas por quienes eran los beneficiarios y los titulares de esos derechos", y también ha argumentado que no tiene conocimiento de la gestión concreta de las pólizas porque eso formaba parte de la gestión de los expedientes que hacía la dirección general de Trabajo.

Fernández ha llegado incluso a decir que no conocía al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, hasta que se trató la póliza de los ex trabajadores de Santana Motor. "Ni conocido, ni amigo, ni residente", ha espetado.

Fernández ha insistido en que la ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que durante una década concedió el Gobierno andaluz tenían un respaldo legal, puesto que "existía un cuerpo normativo suficiente, habilitante y que acogía con carácter distintivo lo que es una subvención y una ayuda" y existía "legislación" como la supletoria del Estado, en alusión a las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1994 y 1995. El ex alto cargo ha dicho que el concepto que figuraba en la norma estatal que ellos "desarrollaron en Andalucía" era el de ayudas previas a la jubilación ordinaria, que consistían en unos 1.100 o 1.300 euros hasta la edad de jubilación, y ha afirmado que de los 741 millones en los que la Fiscalía cifra el montante del fraude por el total de las ayudas "unos 200 millones han ido íntegramente a las arcas de la Seguridad Social" en concepto de cuotas del régimen general.

En cuanto a la partida presupuestaria 31L, de la que salían estas ayudas, no era la más importante ni la de mayor cuantía en la Consejería, "era un programa más" que, en el caso de las transferencias de financiación al IFA, no representaba ni el 5% de los fondos de este organismo que actuaba como caja pagadora de las ayudas.

Según Fernández, la "filosofía" con la que se constituyó el programa 31L "está muy vinculada a las crisis colectivas, a personas que habían sufrido un proceso de reconversión industrial y perdían su empleo" y en la que el criterio también era la "edad física y la edad según su cotización".

En su declaración, que ha estado marcada de nuevo por sus problemas de voz hasta el punto de que la sesión ha vuelto a terminar antes de lo habitual, Antonio Fernández ha reconocido que el convenio marco de 2001 no fue publicado en ningún diario oficial, como el BOJA, algo que ha justificado diciendo que "no era habitual la publicación de convenios", y también ha dicho que no tiene constancia de que dicho convenio fuese informado previamente por el gabinete jurídico de la Junta.

En cualquier caso, ha defendido que cuando le ponen para la firma el convenio marco "parte de la presunción de que se han cumplido todos los requisitos" y además "nadie le advirtió" de que el documento estuviera incompleto, insistiendo en que la gestión de la Consejería de Empleo ha sido "muy transparente" en relación con esta norma.

También ha afirmado sobre los convenios particulares para cada ayuda concreta que estos se "adaptaban las recomendaciones legales que se hacían".

Sobre la falta de publicidad de la ayudas, el ex consejero ha reiterado que las personas afectadas por un ERE tenían como interlocutores a sus respectivos comités de empresa y en el caso de los empresarios a las "asociaciones de empresarios".

La trigésima sesión del juicio acabó unos minutos antes de lo normal debido a la disfonía de Antonio Fernández, quien han manifestado incluso que no había entendido alguna de las cuestiones del fiscal porque estaba más pendiente de sus problemas de garganta. "Bastante castigo tengo con la enfermedad", ha dicho Fernández, que continuará prestando declaración tras la Semana Santa, el próximo 2 de abril.