Felipe González y Zapatero suscribirán la petición de indulto de Griñán

Los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero suscribirán la petición de indulto parcial particular que la esposa de José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y uno de sus hijos, José Griñán Martínez, presentarán al Ministerio de Justicia en el momento que se conozca el contenido de la sentencia del Supremo que le condena a seis años de prisión por un delito de malversación y prevaricación.

El escrito de petición de indulto ha sido adelantado este miércoles por El Confidencial. La familia del ex presidente argumenta esta medida de gracia porque se trata de una persona de edad avanzada, 76 años, de "intachable trayectoria vital". En uno de los anexos se cita una serie de personalidades que solicitan el indulto, entre los que destacan los ex presidentes del Gobierno y en la que habrá ex ministros y otros anteriores cargos, no todos con relación con el PSOE. El escrito muestra el respeto por los tribunales españoles, y no entra en consideraciones sobre el proceso penal abierto al ex presidente.

El Tribunal Supremo validó el 28 de julio pasado la sentencia condenatoria de 2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Así, la Sala Segunda condena al ex presidente a seis años de prisión, con lo que tendría que entrar en la cárcel una vez que se conozca la redacción de la sentencia. La familia presentará la petición de indulto parcial particular a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en cuanto se publique el texto, de tal modo que pueda paralizar la entrada en la cárcel hasta que no se conozca la decisión del Gobierno sobre la medida de gracia.

La sentencia contiene dos votos particulares, cuya redacción tampoco se conoce aún, de los jueces Ana Ferrer y Susana Polo, que interpretan que no ha existido el delito de prevaricación.

Junto a Griñán, fueron condenados otros ex siete cargos de la Junta. Todos ellos tendrían que entrar en prisión. Una de las opciones que las defensas habían planteado era el recurso ante el Tribunal Constitucional, para lo que habría que argumentar la posible vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, y en el caso de que el recurso fuera admitido, el Constitucional no suspende las penas si éstas han sido mayores de cinco años. Con el indulto, la familia busca que no se llegue a producir la entrada en prisión, ya que el recurso de amparo, aunque fructificase, llegaría tarde por plazos.

La doctrina del Constitucional señala que puede suspenderse el ingreso en prisión en aquellos casos en los que la pena impuesta es inferior a los cinco años, mientras que si la condena supera este limite la presentación de dicho recurso de amparo no lo paralizaría. Si el Constitucional admite a trámite el recurso, algo que sucede en casos muy contados -en torno al 1,6% de las veces-, puede disponer la suspensión total o parcial de los efectos de la sentencia, siempre que la suspensión no ocasione una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

De los 19 ex altos cargos condenados por la Audiencia de Sevilla en 2019, a nueve de ellos se les impusieron penas que oscilan entre los seis y los ocho años de prisión. Así, fueron castigados con penas de cárcel por malversación el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que también se impuso penas de prisión a los ex consejeros Antonio Fernández (siete años, 11 meses y un día de prisión), José Antonio Viera (siete años y un día de prisión), Carmen Martínez Aguayo (seis años y dos días de prisión) y Francisco Vallejo (siete años y un día de prisión), así como los ex viceconsejeros Agustín Barberá (siete años y un día de prisión) y Jesús María Rodríguez Román (seis años y dos días de prisión), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (siete años y un día de prisión) y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar (seis años, seis meses y un día de prisión).