Expertos en Constitucional alertan de la posible nulidad de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz

Expertos en derecho constitucional y parlamentario alertan de que las leyes que se aprueben en la Diputación Permanente de la Cámara andaluza podrían ser nulas. El argumento jurídico parte de la propia convocatoria de este organismo, que se activa en los periodos inhábiles -enero y agosto- y el tiempo que va desde la disolución del Parlamento al final de una legislatura y el comienzo de la siguiente.

A pesar de la actual situación de crisis, en el reglamento de la Cámara no se contempla la convocatoria de la Diputación Permanente por ningún otro motivo. Con el objetivo de no paralizar la actividad al completo, la presidenta del Parlamento, optó por dictar una resolución que permitiese activar el mencionado organismo fuera de los periodos previstos. No obstante, varios expertos en derecho constitucional consideran que se trata de una irregularidad.

La portavoz de Más País, Esperanza Gómez, es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y considera que todas aquellas iniciativas legislativas que se aprueben pueden ser incluso "inconstitucionales". En esta posibilidad coinciden otros expertos en la materia, como José María Morales y Ana Carmona, ambos catedráticos de Derecho Constitucional también en la Hispalense.

Esta situación provoca incertidumbre sobre una de las normas más importantes que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos han impulsado desde su llegada a San Telmo, en enero del año pasado. Se trata del decreto de simplificación normativa, que modifica o elimina hasta cien trámites y afecta a 21 leyes y seis decretos ley. El Ejecutivo aprobó esta norma el lunes 9 de marzo y su previsión era que el Parlamento lo convalidase en abril.

La situación de crisis por el coronavirus ha desarbolado los planes del Gobierno, pero su intención era convalidarlo en la reunión de la Diputación Permanente prevista para este miércoles. No será así, ya que la Mesa de la Cámara, que se ha reunido este lunes por videoconferencia, no ha incluido en el orden del día dicho decreto, impregnado con uno de los principales objetivos del Ejecutivo de PP y Ciudadanos: la reducción de trámites burocráticos para fomentar la inversión privada y el empleo.

La oposición de PSOE y Adelante Andalucía habían solicitado la devolución del decreto ley o su tramitación como proyecto de ley para abrir la norma a la participación de los grupos. No obstante, si finalmente se aprueba en una reunión de la Diputación Permanente, la oposición tendría argumentos para llevar el texto al Tribunal Constitucional, según entienden los profesores y catedráticos de Constitucional consultados.

"No hay un vacío legislativo", apunta José María Morales, quien considera que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet ha incurrido en una "atribución de competencias por una vía extraña". Este catedrático recuerda que las resoluciones de la Presidencia de la Cámara están pensadas para solucionar problemas generados por una indefinición en el reglamento que, en su opinión, no se da en esta situación. "Una resolución tiene que cumplir la Constitución", defiende tras recordar que los supuestos en los que puede convocarse la Diputación Permanente no sólo figuran en la el reglamento de la Cámara, sino también en el Estatuto de Autonomía.

Morales recuerda que el Parlamento andaluz tiene unas normas muy similares al Congreso de los Diputados, que tampoco ha optado por convocar la Diputación Permanente como sí han hecho otras asambleas autonómicas. En el Pleno previsto para este miércoles, la Cámara baja ha activado el voto telemático mientras dure el estado de alarma. Esa fórmula es a la que alude Ana Carmona, quien considera que podría haberse aprobado "en cinco o diez días" mediante una reforma exprés del reglamento del legislativo andaluz.

Para esta catedrática de Derecho Constitucional, la fórmula elegida "se lleva por delante el Estado de derecho". Carmona la considera un perjuicio para el parlamentarismo y un "vicio de procedimiento", pero también alude a otras prácticas generadas a partir de la crisis del coronavirus, como el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas, que no está contemplado en ninguna norma y podría haberse solucionado con una reforma por la vía rápida de la Loreg, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Esperanza Gómez considera que la fórmula elegida por la presidenta del Parlamento tiene que ver directamente con la necesidad de aprobar el decreto de simplificación. "Si no estuviera el decretazo no harían esa maniobra", señala la profesora y portavoz de Más País.