'Ex' busca piso barato

Después de 21 años cotizando a la Seguridad Social, el almeriense Antonio Rodríguez está tieso, como decía la chirigota del Selu en el Carnaval de Cádiz de este año. Se salió de su casa con lo puesto, tras una relación en la que ha invertido media vida y de la que son fruto dos hijos de 18 y 7 años. Hoy lo único que comparte con su ex es la custodia de sus niños. “Pago al mes 680 euros en concepto de hipoteca y pensiones de alimentos y compensatoria y gracias a mis padres tengo un techo donde acoger a mis hijos los 15 días al mes que están conmigo”, explica este joven albañil de 40 años que ahora está en paro. Gracias a que ha conseguido vender la propiedad que compartía en gananciales con su ex mujer, se ha podido comprar un apartamento en un pueblo cercano a Almería y salir de un domicilio donde convive con sus padres, un hermano y con su hijo mayor, que se muda con él.

Su situación es casi privilegiada dentro del colectivo al que representa, el de los divorciados, como se llamaba la genial agrupación carnavalesca que daba mucha risa, pero está basada en hechos verídicos. Para muchos es un homenaje a padres a los que los “ha dejado la juez con 300 euros al mes”, como rezaba la copla. Daniel Barroso, de Puerto Real, prefiere no echar muchas cuentas. Este trabajador gaditano de 35 años ha tenido que mantener en los dos últimos años dos pisos de alquiler, uno en La Línea que compartía con unos compañeros de trabajo y otro en Puerto Real, que necesitaba para poder estar con su hijo de 4 años los días que el acuerdo de divorcio se lo permite. A ello se suma la hipoteca de la casa donde se quedó su ex mujer y una pensión “más la gasolina de ir y venir para ver al niño, porque otros gastos personales no tengo”, explica. No se los puede permitir y el apuro económico llegó a tal extremo que, desde hace unos meses, ha vuelto a casa de sus padres, a un cuarto con una litera.

La familia suele ser el recurso de muchos divorciados. El sevillano Antonio Fernández lleva cuatro años en el domicilio de sus padres, en Alcalá de Guadaíra, y se queja poco porque vive a sólo un kilómetro de su hijo. Lo recoge en el colegio y lo ve a diario porque se ha quedado con un local de la parte baja de la vivienda que él mismo construyó y sigue disfrutando su ex. Como decía la copla del Selu, tó pa ella fue tras el divorcio pero aún así se alegra de no haber tenido que acudir al camping de Oromana, en su pueblo, frecuentado por divorciados. Una autocaravana no es el peor remedio, teniendo en cuenta que hay quienes han dormido durante años en coches. Lo hizo Jorge Mogollón, de Palma de Mallorca, que se ha pasado más de una semana comiendo sólo pan. En comedores de Cáritas no hay asistente que no conozca a un divorciado.

El problema no se limita a la comunidad andaluza, es general. Hace unos días el Gobierno central anunció que, a partir de 2009, las ayudas de 210 euros para la emancipación de los jóvenes se podrían extender a separados y divorciados. Algo es algo, pero es insuficiente para un colectivo que se mueve muy a menudo entre la ruina y la indigencia. Nicolai Reyes es extranjero y teme tener que regresar a su país porque le faltan 345 euros para llegar a fin de mes. “¿Qué hago vivo en la calle o me dedico a delinquir?”, se pregunta.

María Pérez Galván, abogada de familia del bufete de Zarraluqui, conoce bien la situación porque a diario pasan por su despacho casos similares. “Los niños vienen con la vivienda debajo del brazo”, explica la letrada. En el 95 por ciento de los casos el cónyuge que se queda con la custodia de los hijos lo hace en la casa común. Si sobre ésta pesa una hipoteca, los jueces suelen dictaminar que la carga se satisfaga por mitades, aunque hay veces es íntegra pues se contempla como pensión compensatoria.

Para la letrada de Zarraluqui, más que ayudas, sería necesaria una reforma legislativa, pues desde 1981 no se ha variado ni una coma de la ley en materia de vivienda familiar y la sociedad ha evolucionado. Las parejas hoy parten de una mayor igualdad y, tras el divorcio, los desequilibrios se acrecientan. Según ella, hay muchos jóvenes que reclaman custodias compartidas y prefieren educar ellos a sus hijos antes que pagar una pensión que permita llevarlos a una guardería o ponerle un cuidador. “Por eso pedimos a los jueces el plus de que no sólo apliquen la ley, que no actúen por inercia, sino que estudien cada caso”, apunta Pérez Galván que transmite a las parejas la necesidad de asesorarse antes de casarse, “pues el matrimonio es un contrato más”.

Con información previa se evitarían muchas tensiones en las rupturas. La vivienda es lo que impide negociar y llegar a un mutuo acuerdo en muchos casos, según los juristas. Hasta el punto que este tira y afloja desemboca en muchas ocasiones en falsas denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres. “A ellas les protege la ley de violencia de género y este recurso es una forma de evitar la custodia compartida y de hacerse con la vivienda”, explica Fernando Basanta, presidente andaluz de la Asociación de Madres y Padres por la Coparentalidad. Pero no es cuestión de sexo. La reivindicación agrupa a hombres y mujeres que quieren impedir que la impotencia y frustración que muchos sufren derive en agresividad. “Nosotros luchamos por la igualdad y queremos la custodia compartida pero, para lograrla, hace falta que ambos padres tengan un techo digno para ofrecer a sus hijos y es la pescadilla que se muerde la cola”, comenta Basanta, jefe de estudios de un centro educativo almeriense.

Los abogados aseguran que cada vez hay más parejas jóvenes que, tras firmar la separación, quieren liquidar cuanto antes todo lo de su anterior relación. Es una tendencia positiva, según los juristas. Sólo así, libre de cargas, cada uno es capaz de retomar su vida. El almeriense Antonio Rodríguez está cerca de conseguirlo pues ya queda poco para acceder a su nueva vivienda. “La clave es resistir”, comenta y se emociona. Para él y otros en su situación lo importante es no estar tieso de sentimientos.