El Parlamento Europeo unifica la normativa de drones de menos de 150 kilogramos

Estrasburgo/La primera vez que un dron salió en un telediario, probablemente, fue en una noticia sobre algún conflicto bélico con presencia estadounidense. Como muchas tecnologías, las aeronaves no tripuladas dieron sus primeros pasos en el ámbito militar para pasar después a la industria y al ocio. Después de que España reformulase su normativa de drones a finales de 2017, el Parlamento Europeo votó el pasado martes las normas comunes para toda la UE y que también afectarán a un sector con cada vez más presencia en Andalucía. La previsión, a nivel comunitario es que se generen 11.000 millones de euros en las próximas dos décadas, de los cuales 140 pueden quedarse en Andalucía, según la previsión que hizo en octubre el consejero de Empleo, Javier Carnero.

El informe sobre seguridad aérea aprobado ayer en Estrasburgo, afectará a los drones que pesen menos de 150 kilos. Según José María Rueda, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Pilotos y Operadores de Drones (Aapod), son la mayoría de los que operan en Andalucía. Este operador cuenta que en el sector audiovisual, uno de los más demandados, la mayoría de aparatos pesan en torno a los dos kilos, por lo que se guiarán por la normativa que desarrolle la Comisión Europea a partir del informe de la Comisión de Transportes.

En España, es la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) quien se encargará de aplicar la legislación comunitaria, pero su intención es que ningún dron de más de 10 kilogramos "sobrevuele aglomeraciones de personas y edificios". Además, AESA apuesta por la instalación de paracaídas en los aparatos. Según fuentes de la Eurocámara, el uso de drones entraña una serie de riesgos de seguridad, que van desde el impacto con otras aeronaves, a causar heridas por impactos sobre la población, pasando por la contaminación aérea y acústica. En la Comisión de Transportes de la Eurocámara también reconocen que los aparatos que cuenten con cámaras pueden "ser intrusivos y registrar datos personales sin consentimiento".

Sin embargo, desde la Aapod lamentan el escaso desarrollo del Real Decreto de diciembre de 2017 sobre uso de drones. "Estamos desamparados. No podemos desarrollar nuestro trabajo", lamenta Rueda, que asegura que todos los permisos que solicitan los asociados a su entidad suelen ser denegados después del trámite de seis meses que establece la norma. Insiste en que la mayoria de la demanda de drones tiene que ver con el sector audiovisual –"la gente pide hacerlos en ciudad o de noche, que tampoco nos lo permiten", se queja–; pero que también hay labores relacionadas con la topografía y la agricultura de precisión. "Los que se utilizan para fumigar están entre los 15 y los 25 kilos", cuenta este operador de drones, lo que significa que también quedan bajo la legislación europea que se aprobó ayer en Bruselas.

Precisamente, el uso de drones en el sector agrícola es una de las prioridades de la Administración autonómica. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural defienden que estos aparatos son útiles en el control de plagas, entre otras aplicaciones. Además, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio anunció a principios de año que utilizará "sistemas aéreos no tripulados" para el seguimiento de especies de interés cinegético o amenazadas.

La intención del departamento que dirige José Fiscal es que los drones funcionen a pleno rendimiento en 2020 a través de un proyecto coordinado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). Los primeros pasos de la iniciativa se están dando ya en la Estación Biológica de Doñana, donde se prevé que puedan realizarse seguimientos de especies de interés cinegético con cámaras térmicas y la localización de ejemplares radiomarcados de especies como el águila imperial o la cabra montés.

Medio Ambiente también aplica la tecnología de los vuelos no tripulados para luchar contra los incendios. Ya se utilizaron en 2017 para colaborar en la extinción del fuego que calcinó más de 8.000 hectáreas en el entorno de Doñana. Sin embargo, la autonómica no es la única administración que se sirve de los drones. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya los utiliza para vigilar el tráfico, aunque en modo de prueba, y tiene previsto que sean capaces de poner multas en los próximos años.