Europa es un mal enemigo

Sevilla/El tránsito de la Proposición de ley sobre la nueva reordenación de los suelos agrícolas en el Condado onubense y las implicaciones en el Parque Nacional de Doñana, se decide fuera de nuestras fronteras. No ya más allá de los muros del Hospital de las Cinco Llagas, ni tan siquiera del edificio de la Carrera de San Jerónimo (sede del Congreso de los Diputados), sino que llegó hasta las sedes de las instituciones europeas en Bruselas, sede de la Comisión y Estrasburgo, donde se reúne el Parlamento. De la mano de los medios de comunicación –ya hubo un adelanto hace dos semanas con la publicación de un artículo en el Washington Post– Doñana ya es una palabra conocida entre los lectores de los periódicos de media Europa.

La polémica política interna ha llegado hasta el corazón de las instituciones europeas. Comenzó después de la reunión del consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien le recordó al primero que hay una sentencia que exige la conservación del Parque Nacional y que la proposición presentada en el Parlamento andaluz “no va en esa dirección”.

Encuentros con los europarlamentarios Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido propiciaron la siguiente tormenta, cuando el presidente de los populares europeos, Manfred Weber, acusó al lituano de “ponerse la camisa roja” y “hacer campaña electoral en favor de Pedro Sánchez”.

Hay muy pocos antecedentes (por no decir ninguno) en los que asuntos internos de un país salpican de una manera tan directa a la neutralidad de la Comisión. Tanto es así que (tampoco es muy habitual) la obligaron a responder y además de aclarar que la institución es “garante de los tratados” y absolutamente “neutral” políticamente, la presidenta Ursula Von der Leyen (conservadora), salió a defender el papel del titular de Medio Ambiente a quien le mostró su respaldo absoluto.

Esa polémica tuvo su reflejo en el oportuno debate que el jueves celebraba el Congreso, donde el presidente del Gobierno y dos ministras acusaron al PP de “deslegitimar el papel de las instituciones europeas”, mientras que estos acusaban a los primeros de “utilizarlas como argumento de campaña”.

La comisión interviene

No ha sido la última de las intervenciones de la Comisión Europea en este capítulo. La de ayer fue la contestación a la polémica abierta poco antes por el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, quien había asegurado en la víspera que no le “extrañan” los “posicionamientos políticos” que está adoptando Bruselas sobre los regadíos de Doñana, porque es el hijo del ministro español quien “hace los papeles y contesta” en su nombre.

Pues bien, el Ejecutivo comunitario tardó poco en volver a aclarar que “el funcionario en cuestión ha comunicado su situación personal en una declaración de conflictos de interés”. “Sus tareas tienen esto en cuenta para evitar cualquier conflicto de interés existente o potencial. Podemos confirmar que no ha estado involucrado en el asunto de Doñana”, añadió el portavoz de la Comisión.

Asimismo, recordó que su obligación como “guardián de los tratados” es “actuar en casos de infracciones y para asegurar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de una manera estrictamente colegiada. Todos los casos de infracción son adoptados con el aval previo del gabinete (del comisario) y del gabinete de la presidenta” Ursula von der Leyen y añadieron que su papel es “estrictamente institucional” en la gestión del expediente de Doñana.

El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, en declaraciones a un programa de TVE, mostró su indignación porque “a veces la política tenga momentos de inmensa bajeza” y rechazó las acusaciones. “Me parece absolutamente lamentable porque, entre otras cosas, hay que mantener el respeto y, sobre todo, el respeto a la verdad; llevo toda la vida en política y jamás he utilizado un argumento personal”, añadió el titular de Agricultura, quien aseguró que su hijo es “funcionario europeo por oposición desde hace ocho años”, y “nada tiene que ver con el expediente de Doñana”.

El aludido, Antonio Sanz, insistía en que pusieron “de manifiesto una evidencia, no hay ninguna novedad”, antes de recriminar “al Gobierno de Sánchez” que “le preocupan solo los votos, no la solución a los problemas del agua que tenemos en Andalucía”.

La polémica salpicó al consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco y al parlamentario andaluz y coordinador del área de Transformación Económica y Digital de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Gaspar Llanes, quien en su perfil de Twitter, había escrito que Sanz “es un skinhead de la política”. “Merece ser cesado por su falta de responsabilidad institucional al acusar a la Comisión UE de prevaricar”, añadió el diputado socialista, que concluye su comentario con la sentencia de que “se cree el ladrón que todos son de su condición”.

Fernández-Pacheco respondió que este mensaje “demuestra varias cosas: que el PSOE está desquiciado con el asunto de Doñana, y, por otra parte, que los insultos se han convertido en su principal argumento”. “Actitudes así sobran en política. Desde el Gobierno andaluz exigimos una disculpa inmediata”.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue el miembro del Ejecutivo encargado de dar la respuesta y acusó al PP de “utilizar sin ningún empacho” la mentira en política y cree que “ya están empezando a conocerles muy bien en la Comisión Europea. “Estamos ante un hecho muy grave. El PP está sin rumbo”, dijo. Bolaños expresó su opinión sobre una actitud que, a su juicio, intenta “justificar lo injustificable”, y afirmó que están “atacando” para no rectificar “por soberbia” su posición respecto a la proposición de ley para regularizar cerca de 800 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Por su parte, Luis Planas lamentaba, al margen de la polémica con su propio hijo, las críticas a la Comisión Europea. “No se si es ignorancia o mala fe, pero es lo nunca visto. Desde luego, ignorancia del funcionamiento de la Comisión, pero mala fe también y, sobre todo, una estrategia política que muestra a un PP que no tiene absolutamente ningún rumbo, ni sobre este tema ni sobre los demás”. Sobre la proposición en sí misma, Planas aseguró que cada administración debe cumplir con sus competencias para “sancionar o cerrar” los regadíos ilegales en Doñana. “Habrá que hacer lo que corresponda, sanciones, cierre o lo que sea”, pero “nadie está por encima de la ley”.

Al ser preguntado por quién tiene que hacer que se cumpla esa ley, Planas expuso que “cada uno dentro de su responsabilidad”. “El Gobierno de España, evidentemente, el Seprona ha estado actuando y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y lo debería hacer, sin duda, el Gobierno andaluz dentro de sus competencias”.

Para el titular de Agricultura, “el que renuncia al cumplimiento de la ley se sitúa fuera de ella”, y expresó su confianza en que la Junta “proteja también la legalidad”, e insistió en que la “maniobra política del PP con el apoyo de Vox supone una puesta en riesgo de la reputación del sector”, porque “no solo es ilegal, sino que es imposible”.

Fondos y elecciones

Hay que tener en cuenta sobre toda esta polémica que la Comisión Europea es la principal fuente de envío de fondos europeos a Andalucía. Por dar sólo un dato, en los Next Generation, entre 2021 y 2023 y de acuerdo con los datos que maneja la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el total autorizado en la comunidad autónoma asciende a 1.332,94 millones de euros, supone el 33,8% de toda la cantidad asignada –3.939,8 millones de euros– hasta 2023.

Hay que recordar también que cualquier sanción impuesta por las autoridades europeas tendría garantizado su cobro al detraerse de dichas cantidades.

Por si fuera poco, sobre todo el estado de nervios que se vive en la política nacional influye el hecho de la proximidad de las elecciones municipales en todo el territorio nacional, a un mes vista. Con la incógnita de la influencia de este asunto en el ánimo del votante, sí que hay que tener en cuenta que en ninguno de los municipios de la Corona Norte de Huelva gobierna el PP. Los dirigentes populares esgrimieron esta proposición como un intento por limitar el crecimiento de Vox en el entorno rural.

Si bien en Andalucía la influencia de este asunto sobre el voto es muy limitada, no lo es en la provincia de Huelva, donde los populares tienen marcado a fuego recuperar las alcaldías de la zona y de la capital para lograr su principal objetivo electoral, la Diputación Provincial.