La Eurocámara descarta una investigación sobre la subasta de medicamentos

Bruselas/La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo archivó ayer la propuesta de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) que denunciaba el sistema de subastas de medicamentos en la región. La mayoría de eurodiputados que participaron en la votación, de acuerdo con la postura de la Comisión Europea, se mostraron a favor de cerrar la petición, que tenía el apoyo de los eurodiputados del PP.

La presidenta de la asociación andaluza de farmacéuticos, Teresa Martín, expuso que el sistema no respeta la libertad de elección de los pacientes, que, aseguró, son los principales afectados por un sistema de subastas que afirmó provoca "desabastecimiento". La queja fue apoyada en el debate por eurodiputados del PP como Carlos Iturgáiz, Teresa Jiménez Becerril, Pilar Ayuso o Rosa Estarás, que denunciaron que los andaluces sólo tengan en su sistema de seguridad social 533 medicamentos y no los más de 10.000 de los que dijeron tener el resto de españoles. Estarás, además, aseguró que el cierre de la petición es el resultado de un voto de los partidos de izquierda "de puro interés político en favor del Gobierno andaluz, que ha primado sobre el interés general".

Esa postura fue duramente criticada, entre otros, por la eurodiputada del PSOE Soledad Cabezón, que defendió la "legalidad" y "transparencia" del sistema de subastas, que, dijo, permite que los farmacéuticas pierdan un margen de beneficio que puede repercutir de forma favorable en el sistema público. "No defienden los derechos de los pacientes, defienden los derechos de las farmacéuticas", denunció Cabezón. La eurodiputada de IU Ángela Vallina, en el mismo sentido, señaló la importancia de reducir el precio de los medicamentos para grupos vulnerables como los pensionistas.

También participó en la sesión la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, quien ensalzó que el sistema de subasta de medicamentos "ha sido avalado por el Tribunal Constitucional" y "se rige por principios de calidad, equidad, legalidad, efectividad y sostenibilidad". A favor del cierre de la petición se había mostrado igualmente la representante de la Comisión Europea Agnes Mathiew, quien reiteró que el asunto a debate era de competencia estrictamente estatal.