España niega que vaya a acoger nuevos centros para extranjeros, pero sí los mejorará

El acuerdo acuerdoalcanzado por los líderes de la Unión Europea (UE) pasadas las 4.30 de la madrugada para crear de forma voluntaria en los Estados miembros centros "controlados" de extranjeros es una declaración de intenciones voluntarista que deja en manos de los gobiernos de cada país su puesta en marcha. La cuestión ahora es quién da ahora el primer paso.

Sin una financiación acordada para su puesta marcha y sin plazos, el objetivo de estos centros sería separar a los refugiados, con derecho a permanecer en la UE, de los inmigrantes económicos, que serían devueltos a sus países de origen. Es decir, las mismas funciones que vienen cumpliendo los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), hoy saturados y algunos de ellos sin unas mínimas condiciones de habitabilidad, como ocurre con el de Algeciras-Tarifa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quiso ver el vaso medio lleno tras cerrarse la reunión y admitió que el compromiso alcanzado "no es el mejor de los acuerdos, pero es importante y camina en la dirección de dar una respuesta europea a un desafío europeo como la inmigración". Eso sí, en suelo español no habrá más centros ni campamentos, según aclararon a renglón seguido fuentes diplomáticas españolas.

Sánchez ha descartado de viva voz esta mañana que España vaya a crear nuevos CIE porque ya cuenta con suficientes infraestructuras en este sentido, aunque sí contempla mejoras en estas instalaciones gracias a las ayudas financieras europeas que la cumbre ha acordado destinar de forma específica para España y Marruecos.

Europa ha salvado una crisis, una más, que amenazaba con romper su unidad, aunque sobre un acuerdo de mínimos que no garantiza la activación de las medidas, sujetas a múltiples condicionantes. Si España no va a crear más centros para los migrantes que cruzan el Estrecho, hay que preguntarse si esas “mejoras” anunciadas para los ya existentes estarán destinadas a consolidar los ya existentes o si se prevé una ampliación de las instalaciones.

En Algeciras-Tarifa, el Gobierno del PP había previsto el cierre del actual CIE y presupuestado para este año la construcción de un nuevo edificio junto a la cárcel de Botafuegos con capacidad para alojar a 700 personas, en tanto en cuanto se despeja su situación administrativa. ¿Suficiente? La pregunta se responde por sí sola teniendo en cuenta que en lo que llevamos de año ya han llegado de forma irregular a las costas gaditanas más de 4.200 migrantes y que el de Algeciras-Tarifa es el único CIE de la provincia.

"En el territorio de la UE, quienes son salvados [del mar], de acuerdo con el Derecho Internacional, deben ser atendidos, sobre la base de un esfuerzo conjunto, mediante su traspaso a centros controlados establecidos en Estados miembros, solo de forma voluntaria, donde un procesamiento rápido y seguro permitiría, con total apoyo de la UE, distinguir entre irregulares y refugiados", dicen las conclusiones del acuerdo europeo. Poco más, a la espera de su desarrollo.

Es este último aspecto al que la Junta de Andalucía quiere esperar antes de pronunciarse de manera firme. No se puede decir que en Madrid haya un Gobierno amigo con el que haya sintonía total, pero tampoco es del PP. “Hay que esperar a leer la letra pequeña porque es ahí donde radica la clave de los acuerdos”, adelanta un miembro del equipo de Susana Díaz.