España intenta que Londres asuma la legalidad de los controles en la Verja

Sin aflojar la presión ni ceder en su pulso, el Gobierno de Mariano Rajoy intenta limar asperezas con Reino Unido, al que intenta convencer de que los controles que la Administración española está realizando en la Verja de Gibraltar son legales. En esa campaña de promoción y defensa de las tesis del Ejecutivo del PP, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, explicó ayer al embajador del Reino Unido en España, Gilles Paxman, que los controles son "legales y proporcionados". El diplomático británico hizo llegar a De Benito las quejas de su Gobierno por las largas colas de vehículos que se han formado en los últimos días en la frontera.

Las retenciones de vehículos menguaron en la jornada de ayer. El tránsito de vehículos en el acceso al Peñón se desarrolló con más normalidad que en días anteriores, cuando el termómetro marcó el momento más caliente del contencioso con las autoridades gibraltareñas. Lo que no ha disminuido ha sido el nivel de indignación en el seno del Gobierno de la Roca, que ha emprendido una recogida de pruebas que demostrarían los efectos que tienen las "inhumanas" medidas adoptadas por el Gobierno de España. "Estamos recopilando datos y pruebas sobre la operación en la frontera y vamos a intensificar esta recogida", informó el viceministro principal de Gibraltar, Joseph García, para quien la situación en la Verja "empeorará antes de mejorar".

El Ejecutivo que preside Fabian Picardo aportará esta documentación a la denuncia que prepara contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión Europea recibió ayer una queja formal del Gobierno del Peñón en la que acusa a Madrid de haber violado derechos ciudadanos con las colas que han provocado los controles en la frontera.

Transmitir y demostrar que estos controles son legales es precisamente la prioridad que se ha marcado el Ejecutivo de Rajoy. En el encuentro entre De Benito y Paxman, el primero subrayó al diplomático británico que España está "obligada" a hacerlos porque frente a la política de "hechos consumados" de Gibraltar, España responde "con firmeza" y que por eso está estudiando algunas medidas para responder a esas actitudes. De Benito insistió a Paxman que esta posición no es incompatible con el diálogo, "al que el Gobierno español está abierto, como lo ha estado siempre".

Más reacciones al conflicto se siguieron sumando ayer. Las asociaciones de pequeñas y medianas empresas de La Línea rogaron que se ponga "punto final" al enfrentamiento que está "perjudicando notablemente" al sector, al recordar que la localidad "depende en gran medida de Gibraltar, queramos o no".

En el ámbito político, lejos de constituir un frente común, populares y socialistas alimentaron con este caso su sempiterno rifirrafe. Desde Algeciras, su alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), acusó al PSOE de defender al "socialista Picardo". La ex ministra de Exteriores en el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, censuró la "gran torpeza diplomática" en la gestión de este conflicto y criticó la "escalada verbal" con Londres.