España pide al BEI que aclare si Magdalena Álvarez puede seguir en la entidad

La representante española en el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha pedido por carta al presidente de la institución que aclare si Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE en Andalucía, puede seguir como vicepresidenta del organismo. Según fuentes próximas al Ejecutivo, España ha pedido un dictamen de los servicios jurídicos del BEI sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del comité de dirección, como la ex ministra Magdalena Álvarez.

En concreto, la representante española ha pedido aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el consejo de administración y el consejo de gobernadores, así como quién inicia el procedimiento. España también pide que se aclare qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar para acordar el cese de un miembro del comité de dirección del BEI. Además, teniendo en cuenta que Magdalena Álvarez está imputada por presunta malversación de fondos en el caso de los ERE en Andalucía y se mantiene como vicepresidenta del BEI, España reclama que se consulte a la oficina de conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo de reputación para la institución.

La juez Mercedes Alaya imputó a finales de junio pasado a Álvarez junto a una veintena de altos cargos del Ejecutivo regional. La Audiencia de Sevilla ratificó a principios de mes la imputación de la ex ministra y ex consejera andaluza en el caso de los ERE irregulares al rechazar el recurso que interpuso la propia Álvarez contra el auto de imputación de la citada juez. Alaya inició el pasado 13 de mayo el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes -una de ellas en Luxemburgo- a Álvarez para cubrir su fianza civil de 29,5 millones de euros.

Magdalena Álvarez asumió su cargo como vicepresidenta del BEI en julio de 2010 y la investigación se refería a sus actividades entre 1994 y 2004. Tras el Consejo de Ministros del pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Álvarez, en situación "muy comprometida" por su imputación en el caso de los ERE, que adoptara una "decisión" sobre su futuro. "Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no afecte a los Estados que la designaron y, lo que es más importante, a esa institución que es clave y fundamental en el entramado institucional europeo", aseguró Sáenz de Santamaría.