"Debemos probar que este modelo de Gobierno sirve para el resto del país"

Juan Marín (Sanlúcar, 1963) ocupa el despacho del ala oeste del palacio de San Telmo, la misma donde estuvieron en su día Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y Manuel Jiménez Barrios. Todos vicepresidentes socialistas; los que lo fueron de IU nunca estuvieron alojados donde el Gobierno. Es una muestra del ejercicio de equilibrio que hace este Gobierno andaluz de coalición, donde Marín es el vicepresidente de Juanma Moreno.

La Vicepresidencia de Juan Marín incluye una archiconsejería de Turismo, Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local.

-Ya tenemos otras elecciones en poco más de un mes. ¿Sirve la fórmula de Gobierno de Ciudadanos con PP en alianza con Vox para el escenario nacional?

-Que haya elecciones es una buena noticia, porque había una gran inestabilidad, provocada por la dependencia del señor Sánchez con los partidos que quieren romper este país. Y estaba dispuesto a pagar cualquier precio, la legislatura estaba agotada y eso es lo que provocó una concentración como la del otro día en la plaza Colón de Madrid. Nosotros aspiramos a liderar el cambio político en el país, entendiéndonos con las fuerzas constitucionalistas. Como siempre hemos hecho.

-¿Incluido el PSOE de Pedro Sánchez? ¿O lo descartan?

-Es que ha sido imposible con el señor Sánchez, hoy mismo [por el viernes] ha vuelto a explicar que él quiere repetir con los mismos.

-En las elecciones andaluzas, Ciudadanos anunció al inicio que nunca volvería a gobernar con el PSOE de Susana Díaz. ¿Será lo mismo con Sánchez?

-No lo sé, hay que esperar unos días, ver cómo se desarrolla la campaña, cuáles son los posicionamientos de cada uno.

-¿Pero sirve el modelo andaluz para el nacional?

-Nuestra responsabilidad aquí es doble. Primero, porque comenzamos a gobernar en una institución donde sólo lo hizo un partido, pero también porque este modelo de alianza de dos partidos puede servir de ejemplo para el resto del país. Es la primera vez que se ensaya.

-¿Ha sido una cesión de Ciudadanos dejar a Elías Bendodo, que es consejero de Presidencia, como portavoz del Gobierno?

-No, ésa era una facultad del presidente, debía nombrar a un portavoz y ha elegido al consejero de Presidencia, y así se ahorra un puesto. Tanto Elías Bendodo, como el presidente, como yo mismo, sabemos que el engranaje debe ser perfecto, no puede haber ni dos porteros ni dos delanteros centro.

-¿Van a reformar la Ley de Violencia de Género tal como os pide Vox?

-No.

-Pero con la de Memoria Histórica ya han comenzado, ahora el comisionado será de Concordia, no de Memoria.

-No, lo que se ha planteado es hacer una ley de Concordia, pero no habrá ley, no habrá reforma, si no hay unanimidad. Esto no va de mayorías, eso fue lo que el PSOE y Podemos hizo con la Ley de Memoria Histórica. PP y Ciudadanos nos abstuvimos, porque había elementos que no nos gustaban, pero nosotros no vamos a actuar ahora del mismo modo.

-Ya han aterrizado en la Junta, han realizado los nombramientos y han aprobado la estructura. ¿Alguna sorpresa negativa?

-Bueno, esto ha sido muy complejo, porque Andalucía es una comunidad autónoma más de un país que es España, pero tiene una estructura similar a Portugal. Y hay un partido que ha estado gobernando esto durante más de 36 años de una manera, creo, un tanto enredada.

-¿Os han dejado sorpresas?

-Sí. En la Real Escuela de Arte Ecuestre, los trabajadores aceptaron una reducción de sueldos, con la intención de volverlo a recuperar, y fueron a los tribunales a reclamarlo. Hablamos de unos 700.000 euros de devolución, pero es verdad que la propia Junta también ha ido a los tribunales. Aun así hemos tenido una reunión con los trabajadores. Y en la empresa andaluza de Turismo, el director o el gerente decide subir los salarios, pero la propia Intervención lo anula, es un caso contrario al anterior, esto también está en los tribunales de Justicia.

-También hay un acuerdo con los trabajadores de la administración de Justicia para subirles el sueldo unos 90 euros al mes de modo gradual y en el plazo de tres años.

-Nosotros no ponemos en discusión el acuerdo. En absoluto, pero sí la fórmula. Lo que no queremos es que los trabajadores de Justicia se vean en la misma situación que los de la empresa de Turismo porque las cosas no se han hecho bien. En este caso, el acuerdo carecía del informe preceptivo de Hacienda y tampoco se envió a Consejo de Gobierno. Esto no se ha hecho. Estos son unos 10 millones de euros, que deben contemplarse por fases en los Presupuestos de la Junta. Y también hay un incremento para los guardias civiles que están en los juzgados y que es imputable a la Junta. Son unos dos millones de euros.

-¿Cuándo enviarán el proyecto de Presupuestos de 2019 al Parlamento?

-El consejero de Hacienda ya tiene el encargo de preparar la envolvente. No descarto que haya un Presupuesto en Andalucía antes de mayo o junio, y sólo estamos hablando de dos meses.

-Usted ha dicho que hay partidas del presupuesto de la Consejería de Turismo que no se gastaron. ¿Son importantes?

-Pues es el 20% del presupuesto de inversión, unos 20 millones de euros. 17,5 millones de euros en concreto, que venían además de fondos Feder. Cumpliendo y ejecutando el cien por cien, ya estaríamos subiendo un 20% el presupuesto de Turismo. Este tipo de datos de liquidación los necesitamos a la hora de hacer los Presupuestos.

-Estimó en 700 millones de euros la cantidad de dinero que habría que pagar por este tipo de sentencias judiciales. Pero no hay un cálculo exacto.

-Es cierto que son estimaciones, pero le digo algo: ojalá nos quedemos en esas cifras, porque estamos viendo cada día varias sentencias de este tipo. Estamos pidiendo en qué casos estamos personados y cómo van. Le pongo otro ejemplo, el señor Zarrías denuncia el pago de los honorarios de su representante legal en el caso de los ERE por su vinculación con el Gobierno durante ese tiempo, y eso no sabemos como se solucionará. Creo que son casi 500.000 euros. Pero supongamos que sea una media de 70.000 euros, que habría que multiplicarlo por los cargos públicos implicados.

-¿Pero todos lo están pidiendo?

-De momento, no, pero si uno lo gana, podrían venir detrás.

-La multa por el caso Nevada también está pagada, son 165,6 millones de euros.

-Está pagado el principal, se hizo cinco días antes de tomar posesión este Gobierno. Pero la empresa dice que hay unos intereses pendientes.

-¿Le parece normal que se pague, así, a sólo cinco días de cesar un Gobierno?

-Siempre es tarde para pagar, pero no lo voy a poner en duda. Pero nos podemos ir a otros 20 ó 25 millones de euros pro intereses de demora.

-¿No fue una torpeza por su parte nombrar delegada de Turismo y Justicia en Granada a la funcionaria responsable de que la Junta faltase a esa parte del juicio donde el empresario Tomás Olivo reclamaba los 165,6 millones del caso Nevada?

-Es que Elisa, la persona que quisimos nombrar, no es la abogada que tenía que haber ido, ella era la jefa del servicio jurídico, su obligación era nombrar a un letrado para que representase a la Junta en un procedimiento judicial. Y a pesar de estar avisado, no se presenta, y a ella la cesan como jefa del servicio jurídico, pero no por estar vinculada. Y ella se toma una excedencia porque entiende que su situación es injusta.

-Y comienza a trabajar en el bufete de abogados que lleva el caso.

-No, se va trabajar a un despacho de abogados, que entre otros muchos clientes tiene a ese señor.

-¿Fue ella la que decidió dimitir?

-Sí. Ella ya se había sometido, anteriormente, a tensión por estar en el ojo del huracán, a pesar de que ella había hecho su trabajo, y no quería pasar otra vez por lo mismo. No llegó a tomar posesión.

-Ha habido otra polémica con el nuevo director general de la Oficina Judicial, que fue uno de los defensores de uno de los principales imputados en el caso ERE.

-Pero no entiendo esa polémica, él es un penalista de reconocido prestigio.

-¿Ha habido problemas para fichar a profesionales para este Gobierno?

-El problema es que muchos buenos profesionales tienen un problema de diferencia de salarios, grande, entre la empresa privada y la administración. Yo nunca he criticado los sueldos de los políticos; otros, como Podemos o el PP, sí, que si las dietas, que si los alquileres de viviendas... O una de dos: o pagamos bien o nos lamentaremos, no se trata de competir con la privada, pero es difícil que se venga alguien que gana 100.000 euros al año para cobrar 45.000. Esa es la realidad de la Junta de Andalucía, y no se cobra ni una dieta, de hecho, somos los segundos políticos autonómicos peor pagados de todo el país.

-El presidente gana menos que varios alcaldes, como el de Valencia, Bilbao, Madrid o Barcelona. ¿Os vais a atrever a cambiar esto en esta legislatura?

-No es una cuestión de atreverse, es de madurez política, tenemos que pensar si aspiramos a traer a los mejores. Hay dos personas, en concreto, que me dijeron que no podían venirse, aunque querían. Y otras que se han venido, perdiendo.

-A la Consejería de Empleo ha llegado un equipo que ya se le conoce como comando Antifraude, porque la consejera y muchos de sus directivos políticos provienen de la Tesorería de la Seguridad Social y una de ellas denunció un posible fraude en los cursos de formación a parados en Málaga. ¿Vienen a desenterrar?

-Vienen a Empleo a arreglar Empleo, a dar las condiciones para que los autónomos y las pymes puedan ser competitivas. Lo que no funcione bien, se intentará mejorar; otros entes, si están duplicados o son inservibles, se eliminarán, y lo que sirve, se dejará. Eso es lo que vamos a hacer, no somo las Santa Inquisición.

-Usted quiere aprobar un decreto ley para racionalizar el sector público.

-Se trata de supervisar el sector público, para eliminar lo innecesario. Nuestra previsión es que hay muchas unidades que realizan funciones similares y que se pueden eliminar muchas trabas administrativas. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la Fundación Mediara, que se dedicaba a la mediación de litigios antes de dar el paso a lo penal. Si tenemos una administración de Justicia mucho más potente en su dirección general para fomentar la mediación... Parece que no tiene sentido. Esa fundación ha visto 1.000 expedientes de un total de 1,2 millones. Esas dos personas que está en la fundación, y que son funcionarios, pues pasan a la administración. El presupuesto y el personal pasa a la dirección, y además nos hemos encontrado que había un depósito con unos dos millones de euros.

-Por lo que vamos viendo hay cosas, pero para un peeling, no para una poda intensiva. El Consorcio Guadalquivir, que se va a liquidar, no tenía personal, y las unidades territoriales de empleo ya estaban sin actividad.

-No, hay que reordenar. Pero, mire, los trabajadores de esas unidades de empleo ya están en el SAE, es verdad, pero hay que liquidarlas, y hay material, ordenadores, inmuebles, alquileres que se están pagando... En el inventario del Ministerio de Hacienda, hay 295 entes de la Junta; 81 son del sector público andaluz y 12 están en liquidación. Y hay 108 que no son del sector público andaluz, entidades donde la Junta está con una participación. Y, después, hay "otros", definidos así por el Ministerio de Hacienda, donde están los 77 consorcios de empleo. Habrá que liquidarlos, porque estaban en proceso de extinción, pero no liquidados. Al final, calculo que nos podemos quedar en 130 ó 140.

-Hay algunas empresas, caso de las ITV, que son rentables, pero no tienen un objeto social. ¿Se pueden vender?

-Es la única que da superávit, yo encantado, ojalá todas diesen superávit.

-Pero su función no tiene nada que ver con un servicio público esencial.

-Ahora mismo, no nos planteamos vender nada. Primero, hay que evaluar, por eso hemos encargado las 12 auditorías. Lo que es impresentable es que las políticas no se evaluasen. Queremos 20 millones de euros más para Turismo, pero ¿para qué? ¿Están sirviendo estás políticas? ¿Se alcanzan los objetivos o es un dinero tirado? Eso es lo que este Gobierno quiere hacer, algo tan racional como poner orden después de 40 años de desorden socialista. Aquí se han creado consejerías a imagen y semejanza de un solo consejero.

-¿Por ejemplo?

-Se creo la Consejería de Justicia para Rosa Aguilar, que es una persona a la que estimo muchísimo. Y es una anécdota. Y en tiempos de IU, se creó la de Turismo para Rafael Rodríguez. Yo dirijo una consejería que quizás sea grande, es verdad, pero donde concentramos muchas áreas. Y no descarto que puede haber cambios, pero para mejorar, no para meter a un consejero.

-Entre usted y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, han creado un órgano conjunto para dirigir la parte de Comunicación Social, la RTVA y las Relaciones con el Parlamento.

-Bueno, son asuntos que afectan a los dos grupos políticos, ninguno de los dos debería tomar decisiones en solitario sobre el Parlamento y la RTVA. Esa es la razón.

-Viene de una legislatura donde no fue posible renovar el consejo de administración de la RTVA. Ni otros órganos, como el Consejo Audiovisual.

-Nosotros hemos hecho una oferta de diálogo sincero al PSOE y al resto de los grupos parlamentarios. Ya verá el PSOE qué hace, pero con Podemos y Vox se pueden renovar. Creemos que podemos renovar y reducir estos órganos de extracción parlamentaria. En el consejo de la RTVA ya sólo quedan nueve consejeros, porque el resto ha dimitido, ahora se ha ido Jesús Mancha. Y si funciona con nueve miembros, ¿por qué no se queda en nueve miembros y se reducen seis puestos? Y, como eso, el Consejo Audiovisual. Y nos ahorramos 1,5 millones de euros.

-Hablan de redimensionar la plantilla de la RTVA, eso es recortarla, ¿no?

-Pero hay mucho personal a punto de entrar en fase de jubilación.