Embargan a Guerrero y Márquez para cubrir sus fianzas civiles

Sevilla/La juez que investiga los ERE fraudulentos ha decretado el embargo de dos fincas del ex director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero para cubrir su fianza civil de 686 millones de euros, y a su sucesor Juan Márquez otras dos propiedades y todos sus saldos bancarios para cubrir 173 millones.

En un decreto, la juez Mercedes Alaya acuerda embargar a Guerrero una finca que tiene a su nombre en El Pedroso (Sevilla) y otra de la que posee un tercio de la propiedad en la misma localidad, además de todos sus saldos bancarios y las posibles devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria. Además, acuerda recabar toda la información patrimonial existente sobre sus posesiones a través de la llamada Consulta Integral del Punto Neutro Judicial. Estos embargos están destinados a cubrir la fianza civil de 686 millones de euros que la juez impuso a Guerrero por las ayudas fraudulentas que tramitó y no guardan relación con la fianza de 50.000 euros que pagó en octubre de 2012 para salir de la cárcel, después de siete meses en prisión.

En otro decreto, la juez embarga bienes para cubrir la fianza de 173 millones de euros al ex director general de Trabajo Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2009 y 2010, también para responder por la vía civil de las ayudas que autorizó. En este caso Márquez verá embargado un piso en la calle Marina de Huelva y otra finca en Lucena del Puerto (Huelva), así como todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.

Ambos ex directores generales están imputados en la trama de los ERE referidos a los intrusos que nunca trabajaron en las empresas pero Guerrero, además, está encarcelado desde el 15 de marzo pasado por la nueva investigación referida a las sobrecomisiones que cobraban las empresas mediadoras en los expedientes.

Embargo de 307.086 euros al ex concejal García Prieto

Por último, el juzgado ha embargado diversas propiedades a José Antonio García Prieto, ex concejal de Camas y ex secretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio que cobró pólizas de tres empresas donde nunca trabajó, para hacer frente a una fianza de 307.086 euros. La secretaria del juzgado de instrucción 6, acuerda en un decreto embargar a García Prieto un vehículo Renault Laguna, sus saldos bancarios y las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria. Estos embargos están destinados a cubrir la fianza de responsabilidad civil por las prestaciones percibidas por él mismo y lo que la juez calificó como "activa participación" para la inclusión de otros dos "intrusos" en empresas en las que nunca trabajaron.

García Prieto, que fue concejal entre los años 1979 y 1983, y luego entre 2003 y 2007, cobró pólizas de renta ligadas a los ERE de tres empresas (Intersur, Samec y Morgan&Meyer) y tuvo una "activa participación en la obtención de prestaciones igualmente ilícitas por parte de otras dos personas cercanas al PSOE en julio de 2006", un ex militante socialista y un cuñado de Antonio Rivas, entonces delegado de Empleo de la Junta en Sevilla. García Prieto, al ser incluido en el ERE de Intersur, habría cobrado 2.500 euros de media al mes desde noviembre de 2003, mes en el que además percibió 14.157 euros, póliza por la que la Junta "pagó arbitrariamente y sin justificación alguna 134.784 euros", según Alaya.

En 2007 se le terminaba esa prestación, según la juez, y "acudió de nuevo, prevaliéndose de su relación personal y política" a Francisco Javier Guerrero, y le pidió "nuevas ayudas", tras lo que en septiembre de ese año le incluyeron en dos pólizas distintas ligadas a los ERE de Samec y de Morgan&Meyer. Por la primera póliza, y sin haber trabajado nunca ni en Samec ni en la empresa de Luxemburgo, la Junta pagaría de prima más de 60.000 euros, y por la otra cobró una media de 2.800 euros mensuales de septiembre de 2007 a octubre de 2009.