Un ex directivo de Egmasa asegura que Guerrero eligió la mediadora y la aseguradora del ERE

El ex responsable de la división de Recursos Humanos de la empresa Egmasa Pedro García González ha asegurado este miércoles a la juez María Núñez Bolaños que fue el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero quien decidió la entidad mediadora y la compañía aseguradora que debían intervenir en el ERE llevado a cabo en 2003 en esta empresa pública y que afectó a 373 trabajadores.

En su declaración, Pedro García –que ha pasado de ser testigo a imputado porque otros investigados le atribuyen responsabilidad en los hechos- ha reconocido que fue Guerrero quien decidió que Vitalia y Vitalicio serían las entidades que intervendrían en el ERE de Egmasa, que ascendió a 21,6 millones.

En relación con el caso del intruso Antonio Márquez García, que fue dado de alta como asegurado en la póliza pero que no figuraba en la lista de afectados por el ERE, Pedro García González ha señalado que no fue hasta el año 2011 cuando se enteró de la existencia de esta póliza y del acta del Cmac donde se acordó el despido del liberado sindical, y ha añadido que si lo hubiera conocido no lo habría aprobado porque es “una barbaridad”, han explicado fuentes del caso.

Por la ayuda de Egmasa han sido imputadas 17 personas, muchas de los cuales ya figuraban como imputadas con anterioridad en el causa, y entre ellas se encuentran los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el representante sindical Antonio Márquez García.

Estas 17 personas están siendo investigadas por su posible responsabilidad en un "presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía" mediante su entrega a la empresa Egmasa para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003, según el auto de imputación, que recuerda que el ERE se presentó el 30 de junio de ese año para la extinción de 373 puestos de trabajo por "causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca", de lucha contra incendios.

Todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa".