Educación pide al Consejo Escolar un informe sobre el impacto del móvil en las aulas

Andalucía

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, expone la preocupación por entrada en vigor de la inclusión de los alumnos en prácticas en la Seguridad Social

Anuncia que pedirá de nuevo poder utilizar 125 millones del mecanismo de recuperación a ampliar la gratuidad de la educación hasta los tres años

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La consejera de Desarrollo Educativo, con los miembros del Consejo Escolar de Andalucía. / Antonio L Juárez

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado este martes al Pleno del Consejo Escolar de Andalucía de las instrucciones para la limitación del uso de los móviles tanto en las horas lectivas como en el tiempo de recreo y en las actividades complementarias y extraescolares enviadas a los centros educativos, y le ha solicitado un informe sobre el impacto negativo que los teléfonos están teniendo en todas las etapas.

Del Pozo ha insistido en que las medidas responden a "un clamor de las familias, docentes, alumnado y de la sociedad en general, y que dota de garantía y seguridad jurídica al profesorado y a los equipos directivos".

Del Pozo ha destallado en el encuentro las medidas que su departamento ha implementado en lo que va de legislatura y ha explicado los retos de futuro a los que se enfrenta la educación en Andalucía.

La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha expuesto ante el Consejo Escolar algunas de las reivindicaciones de Andalucía ante el Ministerio de Educación, FP y Deportes, con el objetivo de mejorar el sistema educativo público. En este sentido, ha destacado la apuesta de la Junta por el primer ciclo de Infantil (0-3) con "el firme compromiso" de seguir avanzando progresivamente en la gratuidad de esta etapa.

En este sentido, la consejera ha adelantado que volverá a solicitar en la Conferencia Sectorial que se celebra este miércoles poder utilizar los 125 millones de euros que le corresponden a Andalucía del mecanismo de recuperación y resiliencia a ampliar la gratuidad para las familias en lugar de crear plazas públicas.

Ha argumentado la petición en que hay más de 20.000 plazas disponibles y supondría poner en grave riesgo un modelo andaluz que genera más de 15.000 empleos y que sitúa a Andalucía entre las tres comunidades con una tasa de escolarización más alta, del 56%.

Además, Del Pozo también va a pedir al Gobierno central avances en la universalización progresiva de este servicio educativo con más financiación.

Otro de los temas que ha expuesto en el Consejo Escolar es la preocupación que existe por la entrada en vigor el próximo 1 de enero de la disposición adicional por la que deben incluirse en el Sistema de la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativaso académicas externas en programas de formación.

Es una medida que la Consejería entiende contraproducente para el sistema de la FP y las prácticas académicas tal y como está planteada por el Ministerio, y que puede suponer un frenazo para el desarrollo de la Formación Profesional.

Los datos del PISA "no son buenos"

Durante su intervención, la consejera ha trasladado que su departamento trabaja con el objetivo "siempre presente alcanzar la excelencia" del sistema educativo andaluz. En este sentido, la consejera ha reconocido que los recientes datos de PISA en Andalucía "no son buenos y nos preocupan," sobre todo el de Matemáticas y Lectura, y ha subrayado también la mejora en Ciencias.

Del Pozo, en todo caso, ha contextualizado un informe PISA que viene a trasladar los efectos de la pandemia en los sistemas educativos de todo el mundo, donde ha habido un descenso generalizado y especialmente significativo en los parámetros de los sistemas que habitualmente obtienen buenos resultados.

En ese sentido, ha asegurado que Andalucía ha resistido mejor que otras comunidades autónomas en España y que países como Finlandia o Portugal que vienen siendo "referencias internacionales en los últimos años", y ha destacado las medidas puestas en marcha desde 2019 por el Gobierno andaluz para mejorar los resultados académicos más allá de los datos que aporta el informe PISA cada tres años.

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