Editorial: La Justicia desinfla el caso de la formación

UN auto de la juez María Núñez Bolaños desinfló ayer el enorme suflé cocinado en torno a la llamada "pieza política" del caso de los cursos de formación. La magistrada no ha podido ser más clara: sólo han existido irregularidades administrativas donde tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como la acusación particular ejercida por el PP vieron delitos de prevaricación y malversación de fondos. En general, se derrumba la tesis de que la Junta de Andalucía utilizaba las ayudas de los cursos de formación para alimentar una gran red clientelar que permitiese al PSOE a perpetuarse en el poder, tesis que Núñez Bolaños llega a calificar como "inverosímil". Por lo tanto, y siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez ha decidido el archivo de la pieza en la que estaban imputados 24 altos cargos políticos y funcionarios de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, o las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido y María José Lara.

El auto es especialmente duro con la investigación desarrollada por los agentes del instituto armado, en la que detecta "errores", y con la acusación del PP, de la que dice que carece del "más mínimo rigor". Duros reproches que, al menos, deberían movernos a algún tipo de reflexión. Por lo pronto, es evidente que la investigación policial del caso ha partido de la premisa falsa de la existencia en este asunto de unas redes clientelares socialistas. En este sentido, sólo cabe pedir las responsabilidades profesionales pertinentes, ya que sin ese leitmotiv nunca hubiese cogido vuelo un caso que ha hecho daño político y personal a muchas personas, además de confundir a la opinión pública. Sin embargo, las principales responsabilidades que hay que exigir son fundamentalmente de carácter político y, en concreto, al PP, que se empeñó en usar este caso para hacer una causa general a más de tres décadas de Gobierno socialista. Atrás quedan la continua vulneración de la presunción de inocencia de muchos políticos y funcionarios, las penas de telediario, las detenciones y consiguiente vergüenza pública de los afectados o el tiempo perdido en el Parlamento de Andalucía -cuya comisión creada ex profeso para este caso aún no ha presentado sus conclusiones-, por no hablar de la reedición de la imagen de Andalucía como una comunidad corrupta y trapacera. Aparte, por supuesto, habría que reflexionar también sobre el papel de los medios de comunicación, que han colaborado en cocinar el suflé que, ahora, desinfla el auto de Núñez Bolaños.