Editorial: La Junta planta al Gobierno

EL Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que las autonomías discuten con el Gobierno las grandes líneas de la política presupuestaria, volvió a demostrar ayer su inoperancia. Desde que el Partido Popular llegó al poder se ha convertido en una instancia en la que el Gobierno dicta y espera que las autonomías obedezcan, sin que haya espacio para el debate. Lo último que necesita España en estos momentos, en el que Europa se juega el futuro de su moneda, es proyectar hacia el exterior la imagen de que las autonomías se rebelan contra el Gobierno central por su política de control del déficit y la deuda. Pero el margen de maniobra que dejó Cristóbal Montoro en la reunión de ayer era tan estrecho que la actitud de la representante del Gobierno andaluz, la consejera Carmen Martínez Aguayo, de abandonar la reunión no debe sorprender, aunque haya que resaltar su inoportunidad política. Andalucía se sumaba así a la actitud previa adoptada por Cataluña, que ni siquiera acudió a la reunión y anunciaba su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional las decisiones que se adoptaran. Se vuelve a las peores posiciones de confrontación sólo un día después de que Griñán y Rajoy escenificaran una constructiva entrevista de cara a la galería. Sin embargo, hay que señalar que la postura de la Junta no es un capricho: se le da mucho menos techo de endeudamiento futuro que a regiones con deuda acumulada muy superior. Otras regiones, como Cataluña, Asturias o Canarias, están en la misma posición que la Junta. Al ministro Montoro se le fue de las manos la reunión a pesar de que esta vez sí logró un apoyo cerrado de las comunidades del PP. Gestionar este desencuentro se convierte ahora en un problema en el que Gobierno y autonomías discrepantes tienen que sentarse a negociar. Hay dos tareas que Rajoy debería imponerse con urgencia: perseguir el máximo consenso posible y debatir estos problemas en las Cortes. Necesitamos más sensatez y mejor procedimiento. Argumentos que valen también para la Junta de Andalucía. Lo que España no puede permitirse ahora es una pelea de corral.