Economía asume todo el coste de las nuevas matrículas universitarias

Sevilla/Las universidades públicas andaluzas no tendrán que soportar el gasto que supondrá bonificar casi la totalidad de sus matrículas. Ésa es la tesis que sostiene el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. La garantía es la de la propia presidenta, Susana Díaz, que adquirió ese compromiso cuando presentó la iniciativa. Así se explicó ayer el consejero, en un encuentro con periodistas. Desde el próximo curso -el que comienza en septiembre-, los universitarios andaluces se ahorrarán el número de créditos que hayan aprobado el curso anterior, lo que hará que la matricula esté bonificada casi al 99% a partir de Segundo de carrera. Siempre, claro está, que se apruebe en primera convocatoria, en los exámenes de junio y septiembre.

El cálculo de Economía es que se dejará de ingresar 30 millones del euro al año, una cantidad a la que debe hacer frente ahora, mediante una modificación presupuestaria, e incluirla en el proyecto de Presupuestos de 2018, cuando se comience a negociar en breves semanas. La desconfianza expresada por algunas universidades proviene de una deuda que Economía mantiene con ellas, de 2015, y que se eleva a 228 millones de euros. El argumento de Ramírez de Arellano es que esta deuda se restringe a un problema de tesorería de ese año, marcado por la crisis, y que los pagos de 2016 están realizados y los de 2017, también se concretarán.

El encaje de esos 30 millones de euros es más sencillo si se considera que los alumnos de Primero sí abonan la matrícula (excepto los becados con ese derecho) y que ésta venía pagándose hasta en ocho mensualidades, con independencia de la renta de la que disfruta cada alumno. Las universidades andaluzas conocían desde principios de año que la Consejería estaba manejando este proyecto, por lo que tampoco ha debido sorprender a sus direcciones.

La bonificación de la matrícula no se aplicará de modo inmediato a los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas. Sí a aquellos que lleven un curso en Andalucía y que, por tanto, hayan generado créditos aprobados para ser bonificados en los siguientes cursos. Con ello se quiere evitar el efecto llamada, aunque parece que esto no preocupa mucho a la Junta. En España se ha abierto una brecha en el coste de las matriculaciones para el alumno, pero el desplazado se tiene que financiar el coste de la manutención fuera de casa, de ahí que en la decisión económica no sólo cuente este precio.

Las comunidades autónomas bonifican una parte de la matrícula, pero mientras en Cataluña el alumno debe pagar el 33% del coste, en Andalucía sólo abonaba hasta ahora el 16%. Ese porcentaje se reducirá ahora, con la entrada en vigor de estas nuevas bonificaciones. Ello hace que el curso cueste en Andalucía 750 euros y en Cataluña, una media de 2.000 euros, aunque algunas carreras, como Medicina, llegan a los 3.000 euros. Por lo que respecta a los másteres, hay algunos de ellos, públicos, que ascienden a 5.000 y 6.000 euros anuales.

Una de las asimetrías que genera la iniciativa es que los alumnos de Primero sí deben pagar, y los derechos argumentados por el Gobierno de la Junta deberían de ser los mismos. El problema es que la Consejería debería contar con un criterio de evaluación anterior para bonificar, que no le haga caer en la gratuidad, que sí está prohibida por el Gobierno de la nación. No obstante, Antonio Ramírez de Arellano no descarta que estos pueda cambiar en el futuro.

Otra asimetría es la de la Formación Profesional superior, para la que los alumnos sí tendrán que pagar matrículas. Esto corresponde a otra Consejería, la de Educación, que cambió de titular la semana pasada. Tampoco se descarta la asunción de la misma medida en un futuro.