La causa de los ERE sufre un nuevo contratiempo con la marcha del juez sustituto

Iván Escalera, el juez de refuerzo de la juez Mercedes Alaya en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, será trasladado en las próximas semanas a un juzgado de lo Social de la capital andaluza y, en su lugar, se incorporará una juez titular que actualmente pertenece al grupo de jueces de adscripción territorial y que presta servicio en otro juzgado de Instrucción de Sevilla, según confirmaron fuentes judiciales.

La llegada de la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra Rojo supone partir de nuevo de cero, puesto que la misma no conoce este voluminoso procedimiento en el que se investigan presuntas irregularidades en las ayudas concedidas durante una década por la Junta de Andalucía.

Estos traslados amenazan con perjudicar aún más la instrucción de esta causa y las otras de gran trascendencia que se investigan en el juzgado de Alaya y que ya de por sí están bastante paralizadas debido a la enfermedad de la instructora.

El juez Iván Escalera lleva varios meses estudiando los asuntos y ha dictado incluso varias resoluciones de interés relacionadas con la investigación de los ERE fraudulentos, como la rebaja de la fianza a 50.000 euros al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o la decisión de decretar el secreto de sumario para no perjudicar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por otros delitos societarios y de blanqueo de capitales.

La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha aprobado el traslado de la juez de adscripción territorial desde el juzgado de Instrucción número 13 al número 6 a partir del próximo 3 de enero de 2013 y por un periodo en principio de seis meses.

La Sala de Gobierno se ha interesado asimismo ante el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, sobre la fecha en la que se producirá el traslado del juez sustituto Iván Escalera, que actualmente refuerza el juzgado de Alaya, al juzgado de lo Social número 6, aunque todo puede depender de la fecha de recuperación de Alaya. Esta magistrada se encuentra en situación de baja por enfermedad y en principio no se reincorporaría hasta el 17 de enero, según el último parte de baja presentado por un mes.

Si esa reincorporación no se produce -algunas fuentes apuntan a que Alaya volverá en breve a su juzgado, sin agotar ese nuevo plazo-, Iván Escalera podría continuar provisionalmente en el juzgado de Instrucción número 6, para que este órgano mantuviera el refuerzo que se estableció en su día dado la complejidad y volumen de las causas que se tramitan en este órgano, como el escándalo de los ERE o el delito societario que se imputa al ex mandatario del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

En medio de esta cuestión, y para complicar aún más la situación de este juzgado está la reforma aprobada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que establece que a partir del 1 de enero el Gobierno prescindirá, salvo en casos excepcionales, de los servicios de los jueces no profesionales, por lo que del trabajo que venían desarrollando hasta ahora tendrán que ocuparse otros magistrados.

La investigación de los ERE sigue ampliándose y esta misma semana la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha abierto una nueva vía, al deducir testimonio y pedir que se investiguen las "posibles responsabilidades penales" en las que hubieran podido incurrir, en relación con las ayudas a la empresa pública Mercasevilla por el ERE de 2007, el ex director general de Trabajo y Seguridad Francisco Javier Guerrero Benítez, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, y el que fuera viceconsejero de Empleo hasta junio pasado Justo Mañas.